Domingo Felipe Cavallo fue absuelto. Después de siete años de proceso judicial la ruinosa operación denominada Megacanje que incrementó –según cálculos de los querellantes– en 55 mil millones de dólares la deuda externa argentina, llegó a una sentencia que consagró la impunidad. Pasaron trece años de la operación denunciada. Pese al tiempo transcurrido, el ex Ministro de Economía de Carlos Menem y de Fernando De la Rúa no fue condenado porque el tribunal argumentó que la fiscalía no había logrado acumular pruebas en su contra. La administración de justicia es el peor problema del país. Nadie con poder, económico o político, es castigado por los jueces argentinos. Buscar algunos ejemplos que contradigan esta triste afirmación es una tarea vana.
En general, fiscales y magistrados avanzan sobre funcionarios sólo cuando éstos pierden sus cargos o cuando los gobiernos que integran están en situación de debilidad. Con los empresarios o banqueros esto no ocurre y por esa razón los castigos por corrupción, lavado de dinero o evasión fiscal son más raros que un dólar azul. Todo el sistema está estructurado para evitar sanciones penales sobre los poderosos. “Con buenos abogados nadie va preso”, se jactan los abogados con más experiencia en el Palacio de Tribunales. Paradójicamente, la mayoría de los dirigentes políticos insiste en sus discursos en la idea de terminar con la impunidad. Algo que apenas tiene consistencia en las causas de lesa humanidad.
El ex diputado Mario Cafiero, uno de los denunciantes originales del Megacanje, señaló: “Yo soy padrino del Centro Universitario de la Cárcel de Olmos ¿Saben cuántos presos por estafas hay ahí? Uno. ¿Delitos complejos? Cero” y agregó que “no se trató de una estafa simple, los bancos aumentaron sus acreencias, esperaron la reestructuración y cambiaron los bonos por préstamos garantizados. Cavallo creó un grupo de acreedores privilegiados, blindados”.
Los ciudadanos se escandalizan, con razón, ante un ladrón que por argucias procesales evita ir a prisión pero acepta con inquietante normalidad que un evasor de millones o alguien que se enriqueció ilegalmente en un cargo público, logre zafar de una sanción penal. Hacer que la administración de justicia sea realmente eficaz: más democrática, rápida y transparente, y que no distinga por clase social o billetera, es uno de los mayores desafíos que enfrenta el sistema democrático desde 1983.
Con todo, parece más sencillo alcanzar ese objetivo que lograr que jueces y fiscales paguen, como el resto de sus compatriotas, impuesto a las ganancias o acepten presentar sus declaraciones juradas como los integrantes de los otros poderes del Estado.