En Tierra arrasada el periodista Darío Aranda hace un recorrido por los mayores conflictos ambientales como las pasteras y la contaminación de los ríos argentinos, la nueva configuración energética a partir de la práctica del fraking, la expoliación minera en la cordillera, el monocultivo de la soja y las brutales consecuencias de enfermedad que tiene los fertilizantes y herbicidas, entre otros. El autor hace un diario del desastre que afectará a todos los habitantes del país en pocos años. A continuación, un fragmento del libro:
El contenedor estalló en el puerto y su carga química se esparció por el aire de la Ciudad de Buenos Aires. Los noticieros transmitían en cadena y alertaban sobre el clima irrespirable. Los funcionarios llamaron a no salir a las calles y una suerte de pánico se instaló entre la General Paz y el Río de la Plata. Fue el 6 de diciembre de 2012. Por primera vez los porteños experimentaron (sólo por unas horas) lo que se siente ser un pueblo fumigado con agroquímicos. Lo mismo que padecen miles de localidades que experimentan las consecuencias menos publicitadas del modelo agropecuario.
De idéntica manera, y a modo de hipótesis, ¿qué pasaría si la formación petrolera Vaca Muerta estuviera en Calafate, o en Palermo o en Recoleta? ¿Harían fracking en esos lugares?
¿Qué decisión tomaría la casta política si para extraer oro y plata se debieran volar los selectos barrios de Nueva Córdoba o Cerro de las Rosas (Córdoba), Ciudad Rivera (Rosario) o el Dalvian (Mendoza)? ¿Dejarían que la minera Barrick Gold usara cianuro y explosivos en sus cercanías?
En cada lugar que se asienta el extractivismo (minería, petróleo, soja, forestales) se decide, por acción u omisión, qué territorio se sacrificará. Y, al mismo tiempo, se decide qué población es sacrificable en pos de un falso desarrollo.
Política de Estado
El monocultivo de soja abarcaba 12 millones de hectáreas en 2003 y, en diez años, pasó a ocupar 21 millones de hectáreas. La minería también fue por más. De 40 proyectos se pasó a 600 (creció el 1.500 por ciento). Sólo dos cifras, y dos actividades, que confirman el avance en la última década del extractivismo (agronegocios, forestales, minería, petróleo), con consecuencias que el relato oficial silencia: masivo uso de agrotóxicos, desmontes, desalojos rurales, leyes de escaso cumplimiento, concentración de tierras en pocas manos, judicialización y represión. Y la bienvenida a las corporaciones.
El neoliberalismo de la década del 90 tuvo directa relación con el “Consenso de Washington”, políticas económicas, sociales y de gobierno gestados en un diseño geopolítico diseñado en el Norte y aplicado a rajatabla por el Sur. El extractivismo en América Latina se aplica bajo el “consenso de los commodities”. Otra vez, políticas gestadas en el primer mundo y aplicadas por gobiernos latinoamericanos de todo signo político (desde los de derecha hasta los progresistas o de izquierda).
Como sucedió en los 90, la Argentina es un alumno modelo del consenso de los commodities.
No es la peor noticia. Este modelo continuará con los próximos gobiernos. Todos los candidatos con posibilidades de llegar a un cargo ejecutivo (provincial o nacional) apoyan el mismo esquema.
La Argentina exporta naturaleza, suma un capítulo a las Venas abiertas de América Latina, repite la historia de los espejitos de colores.
Leyes
En la última década el Congreso Nacional, con mayoría oficialista, sancionó tres leyes que pueden leerse como posibles frenos al extractivismo.
En noviembre de 2006, la Ley 26.160, que detiene los procesos judiciales de desalojos de comunidades indígenas, ordena relevar, en tres años, todos los territorios indígenas. El retraso del relevamiento obligó a prorrogar la ley en dos oportunidades. A seis años de sancionada, sólo se finalizaron los censos catastrales del 12,5 por ciento de las comunidades y se utilizó el 76 por ciento del presupuesto. En las provincias con mayor conflictividad territorial el relevamiento es escaso, y en Neuquén y Formosa no se había finalizado el trámite de ninguna comunidad.
La llamada Ley de Glaciares fue sancionada dos veces. Aprobada por amplia mayoría del Congreso el 22 de octubre de 2008, se interpretó como un virtual impedimento a la avanzada de la megaminería. Fue vetada por la Presidenta el 10 de noviembre de 2008. “El veto Barrick” bautizó el entonces presidente del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), Enrique Martínez.
En septiembre de 2010 volvió a aprobarse. Llamada formalmente Ley 26.639 de Presupuestos Mínimos para la Preservación de Glaciares y del Ambiente Periglacial, prohíbe las actividades contaminantes en los cuerpos de agua, hielo y sus zonas aledañas, y establece un plazo de 180 días para la realización del Inventario Nacional de Glaciares por el Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (Ianiglia), que depende del Conicet.
La norma fue frenada judicialmente por una medida cautelar presentada por la empresa Barrick Gold en San Juan. Recién en julio de 2012, la Corte Suprema de Justicia ratificó la vigencia de la ley. En marzo de 2013 el Ianiglia difundió una gacetilla con el “primer informe del Inventario Nacional de Glaciares”. Relevó “cuerpos de hielo” en seis provincias, donde “se identificaron más de 4.000 glaciares que cubren un área superior a los 3.700 kilómetros cuadrados”. El Ianiglia presentó el trabajo a la Secretaría de Ambiente de la Nación, pero nunca hizo públicos los informes completos. En noviembre de 2014, la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) denunció la falta de presupuesto (de 2015) para avanzar en el relevamiento de glaciares.
La Ley Nacional 26.331 de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos (más conocida como Ley de Bosques) se sancionó el 28 de noviembre de 2007. Pero la Presidenta tardó catorce meses en reglamentarla (luego del alud que inundó y destruyó parte de la ciudad de Tartagal). A cinco años de la sanción de la norma, Greenpeace, FARN y Vida Silvestre presentaron un informe conjunto en el que (en base a datos oficiales) evaluaron el nivel de cumplimiento de la Ley de Bosques. Entre 2008 y 2011 se desmontaron 932.109 hectáreas. Santiago del Estero (399.660), Salta (222.868), Formosa (113.109) y Chaco (102.592) han sido las provincias con mayor deforestación.
En contraposición, otras leyes y procesos administrativos sí se aplican a rajatabla y se perfeccionan.
La primera soja transgénica en la Argentina se aprobó en 1996 en base a estudios de las propias empresas. Lo propio sucedió en 2012, con otra soja de Monsanto, y también con estudios de la propia empresa. Entre 1996 y 2014 se aprobaron 28 transgénicos. El 75 por ciento de ellos (21) fue durante el kirchnerismo. Los expedientes administrativos son secretos.
Las leyes mineras, aprobadas durante el menemismo, siguen vigentes. Lo propio sucede con la ley que favorece a las empresas forestales (vencía en 2009 pero fue prorrogada por el Congreso Nacional). A fines de 2014, el oficialismo impulsaba dos leyes: de agroquímicos, que no establece ninguna distancia de precaución para las fumigaciones ni hace lugar a las decenas de estudios que confirman los efectos de los venenos agrarios; y la “ley Monsanto”, una nueva legislación sobre semillas, muy cuestionada por académicos y organizaciones sociales.
El 30 de octubre de 2014 a la madrugada, se sancionó en la Cámara de Diputados la modificación a la Ley de Hidrocarburos (27.007). Con 130 votos a favor, otorga numerosos beneficios a las empresas: plazos de concesión de hasta 45 años, concentración del mercado (quita el tope de áreas adjudicadas por empresas), regalías de sólo el 12 por ciento, tribunales extranjeros para resolver cualquier disputa. No contempla los derechos de los pueblos indígenas (más de veinte comunidades mapuches viven en Vaca Muerta) y no establece control ambiental de ningún tipo, justamente para una de las industrias más contaminantes de la historia.
Corporaciones
“No soy la Presidenta de las corporaciones”, afirmó Cristina Fernández de Kirchner el 10 de diciembre de 2011, en el discurso de reasunción en el Congreso Nacional.
En abril de 2009, la Presidenta recibió en Casa de Gobierno a Peter Munk, presidente de Barrick Gold, la mayor multinacional minera. El encuentro se repitió en junio de 2010, en Toronto (Canadá), en el marco de la cumbre del G20. El veto a la Ley de Glaciares y el desarrollo de Pascua Lama (proyecto binacional, con Chile, de extracción de oro) fueron parte de las crónicas periodísticas.
El 15 de junio de 2012, en un almuerzo en el Consejo de las Américas (espacio emblemático del establishment económico estadounidense), la Presidenta anunció: “Hace unos instantes estuve con Monsanto, que nos anunciaba una inversión muy importante en materia de maíz. Y además estaban muy contentos porque la Argentina hoy está, digamos, a la vanguardia en materia de eventos biotecnológicos. Aquí tengo, y esto la verdad que se los quiero mostrar porque estoy muy orgullosa, el prospecto de Monsanto. Una inversión muy importante en Malvinas Argentinas, en Córdoba, en materia de maíz con una nueva semilla transgénica”.
Monsanto es la mayor corporación de agronegocios. Domina el 27 por ciento del mercado de semillas (transgénicas y convencionales), el 86 por ciento del mercado de transgénicas y es uno de los mayores productores de agrotóxicos. Dos meses después del anuncio, en agosto, el ministro de Agricultura aprobó a Monsanto una nueva semilla de soja (“RR2 Intacta”).
En junio de 2013 fue el turno del “decreto Chevron” (929), que estableció normas especiales para que la petrolera estadounidense se instalase en Neuquén. Tan a medida fue el decreto que, al día siguiente de su publicación, la multinacional firmó el acuerdo con YPF.
Desde el gobierno insistieron en que necesitaba “muchos chevrones”.
Chevron, unas de las mayores compañías petroleras del mundo, fue condenada en Ecuador a pagar 8.000 millones de dólares por contaminación: 103 millones de litros de crudo derramado (650 mil barriles), 63.000 millones de litros de agua tóxica arrojada a ríos y la contaminación de dos millones de hectáreas donde vivían y trabajaban pueblos indígenas y campesinos. Chevron retiró sus activos de Ecuador y se niega a pagar lo que determinaron los jueces. Chevron es una empresa prófuga de la Justicia.
Derechos humanos
El 9 de febrero de 2012, un centenar de efectivos reprimió violentamente en Tinogasta (Catamarca) a hombres, mujeres y niños que cortaban el paso a los camiones de Minera Alumbrera, símbolo de la megaminería en la Argentina. Hubo balazos de goma en rostros, patadas a mujeres, gases lacrimógenos para todos.
Situaciones similares se repitieron en Cerro Negro (Catamarca), Rawson (Chubut), Famatina (La Rioja), Malvinas Argentinas (Córdoba), Castelli (Chaco), Neuquén y Paraje Mondorí (Misiones).
Sólo un puñado de las decenas de represiones de los últimos años.
Y la judicialización también está presente. Sólo en el NOA hay 150 activistas socioambientales judicializados. El Observatorio de Derechos Humanos de Pueblos Indígenas (ODHPI) contabilizó 347 integrantes del Pueblo Mapuche judicializados en Neuquén por defender el territorio.
En los últimos años cinco años se sucedieron asesinatos y muertes dudosas (catalogados como “accidentes” por la policía pero denunciadas como asesinatos por las organizaciones sociales): Javier Chocobar (diaguita de Tucumán), Sandra Juárez (campesina de Santiago del Estero), Roberto López (qom de Formosa), Mario López (pilagá de Formosa), Mártires López (qom de Chaco), Cristian Ferreyra (Santiago del Estero), Miguel Galván (lule-vilela de Santiago del Estero), Celestina Jara y la beba de diez meses
Lila Coyipé (ambas qom de La Primavera, Formosa), Imer Flores (qom de Chaco), Juan Daniel Díaz Asijak (qom de La Primavera), Florentín Díaz (qom de Chaco).
Tanto la violencia contra asambleas socioambientales como los asesinatos de campesinos e indígenas tienen un denominador común: el silencio de la Presidenta. Nunca la jefa de Estado, ni ningún funcionario de primera línea repudiaron la violencia de los gobiernos provinciales aliados y de las corporaciones extractivas.
Cuando se trata de pueblos indígenas se ejercita un doble estándar. Los derechos humanos son para sectores urbanos, medios y, en lo posible, blancos. Esa discriminación la denuncian desde hace años los pueblos originarios, pero tuvieron que contar con una “voz autorizada” para amplificar su pesar. “El genocidio indígena está invisibilizado por una cuestión de clase social y de etnia”, afirmó el juez de la Corte Suprema de Justicia Eugenio Raúl Zaffaroni. Y comparó: “En la última dictadura militar se avanzó sobre un sector de clase media activo en política, inclusive con un segmento universitario. Por ello se lo reconoció fácilmente como genocidio. Todo depende del sector social que sufre la represión y de su capacidad para hacerse oír en público”.
Chocobar, Juárez, López y Ferreyra, sólo cuatro de una larga lista, no eran clase media urbana. Sus muertes no cuentan (para muchos sectores) como violación a los derechos humanos.
Periodismo extractivo
La gran corporación del agro mundial anuncia que venderá una nueva semilla de soja, con más agroquímicos y, promete, “más productiva”. De inmediato, una larga hilera de periodistas repite el discurso empresario y celebra la nueva soja. No les importa la forma irrisoria de aprobación de transgénicos y agroquímicos (en base a estudios de las mismas empresas) ni mencionan la dependencia que genera al productor, ni mucho menos dan cuenta de las consecuencias sociales, ambientales y sanitarias. Se suelen autodenominar “periodistas agrarios” o, más pomposo, “del campo”.
A su imagen y semejanza crecen en los últimos años sus hermanos menores, los periodistas “del petróleo”. Aún no se autodefinen así, pero repiten el discurso empresario que disfraza al fracking como una técnica segura, repiten a coro que “no se afectarán fuentes de agua”, ocultan los desastres ambientales en todo el mundo de las mismas multinacionales que llegan al país. Y hasta justificaron en 2013 la feroz represión de la policía neuquina frente a la legislatura provincial. Combinación de mala praxis y complicidad.
Periodistas que celebran el pago de 5.000 millones de dólares a Repsol (por YPF) y no mencionan el vaciamiento empresario ni el enorme pasivo ambiental, que podría disminuir radicalmente la tasación. Que amplifican sin chistar la voz empresaria y silencian (o chicanean) la violación de derechos humanos de la que son víctimas los pueblos indígenas. Periodistas que llaman despectivamente “ambientalistas” a madres fumigadas que vieron morir a sus bebés, a militantes que defienden su lugar de vida frente al avance minero, a familias enteras que no quieren ser desalojadas por represas o emprendimientos forestales.
Primera coincidencia: las corporaciones (agropecuarias e hidrocarburíferas) distribuyen generosas pautas en programas de radio y cable. La pauta no compra la línea editorial, pero sí la condiciona. Las voces críticas ya no aparecen como antaño, o directamente ya no aparecen.
Segunda coincidencia: los periodistas del agro nunca visitan a familias campesinas, blanco de fumigaciones y desalojos. Los periodistas petroleros nunca asoman la nariz en las comunidades mapuches con metales pesados en sangre y muertos, producto del accionar petrolero. El periodismo de escritorio valora distinto el padecer de la clase media urbana (de la que se sienten par) que el sufrir de un campesino o de un indígena.
La línea editorial de los medios siempre es clara. Pero a ningún periodista se lo obliga a decir lo que no cree o, peor, nadie los obliga a mentir.
Los periodistas no pueden alegar obediencia debida para ocultar lo que pasa. ¿Por qué un redactor repite el discurso de las multinacionales del agro e invisibiliza las consecuencias de ese modelo? ¿Qué lleva a mimetizarse con un jerarca petrolero y a chicanear a un vocero mapuche que relató cómo las compañías arrasaron su territorio y diezmaron a su pueblo?
Los periodistas agrarios y petroleros son parte del modelo extractivo que comandan corporaciones y gobiernos. El colega y docente de periodismo Adrián Figueroa Díaz escribió sobre la raíz del problema: “El periodismo oficialista y opositor defiende los intereses del poder político y publicitario/empresario. ¿Por qué? Porque no lo cuestiona. ¿Por qué? Porque vive de ellos. ¿Por qué? Porque no les importa una lucha que le es ajena y desconocida. ¿Por qué? Porque casi ninguno de esos presentadores de noticias y editorialistas da ninguna lucha. Y esta cuestión clasista dentro de la profesión se evidencia en la moralina de cuarta del clasemediero básico que utilizan. Los medios y los periodistas más publicitados se ratifican como reaccionarios de las luchas sociales”.
Entre los aciertos de los últimos años sobresale el debate sobre el rol de los grandes medios de comunicación. Ha quedado claro para toda la sociedad, quizá como nunca antes, que se trata de empresas que privilegian sus intereses económicos y políticos por sobre cualquier otro valor.
Lo que sigue pendiente, y urge discutir, es el rol individual de los periodistas de esos medios. No sólo de las “grandes firmas”, sino de todos los que somos parte de esos medios. Los trabajadores de prensa nos debemos una autocrítica profunda y de cara al pueblo, sobre todo se la debemos a quienes padecen la violación de derechos y no encuentran eco en los periodistas. Y la autocrítica también se la debemos a la nueva generación de colegas, para que tengan claro que los periodistas no somos voceros del poder político ni del poder económico.
Democracias selectivas
El derecho, y el deber, de votar. Así lo tatuaron en la conciencia. Primero fueron las Ciencias Sociales (en la escuela primaria). Luego Educación Cívica (secundaria). Y la materia Sociedad y Estado (en la facultad).
Misiones votó en 1996 ante la propuesta (de nación y provincia) de construir la represa de Corpus. Se inundarían miles de hectáreas y afectaría a miles de personas. En abril de 1996, el 88 por ciento de la población de Misiones rechazó la hidroeléctrica.
El 23 de marzo de 2003, la población de Esquel rechazó la instalación de un proyecto minero de la canadiense Meridian Gold. Ocho de cada diez personas dijo “no” a la cuestionada actividad. El 3 de junio de 2012, el pueblo neuquino de Loncopué fue a las urnas por un proyecto minero de una empresa china. El Movimiento Popular Neuquino (MPN), que gobierna la provincia desde hace medio siglo, puso todo su aparato para que la población aceptara la actividad extractiva. El 82 por ciento rechazó que le impongan la megaminería.
En Calingasta (San Juan) se convocó a elecciones en tres oportunidades (2005, 2006 y 2007). Y las tres veces fue suspendida por la acción coordinada de un juez del Poder Judicial y del gobernador José Luis Gioja. Dos personas decidieron por sobre 8.500 habitantes.
Andalgalá, localidad catamarqueña donde hace veinte años se instaló Minera Alumbrera (extrae oro y cobre), estaba a punto de votar el 25 de mayo de 2010. La población iba a decidir el futuro del proyecto minero Agua Rica (tres veces más grande que Alumbrera y a sólo 17 kilómetros de la ciudad). Fue suspendido por el Poder Judicial a solicitud del gobernador Eduardo Brizuela del Moral. Dos personas decidieron por 18.000 personas.
En Misiones, por ley provincial, el gobernador debe llamar a elecciones por nuevos emprendimientos hidroeléctricos. En septiembre de 2013, cientos de misioneros caminaron durante una semana por rutas provinciales y llegaron hasta Posadas con un solo reclamo: que el gobernador Maurice Closs cumpla la ley y llame a votación para decidir el futuro de la hidroeléctrica Garabi. Estudios oficiales precisan que se inundarán 40.000 hectáreas y desalojará a 2.500 familias. El gobernador aún no cumplió la ley y no llamó a elecciones. Una persona decide por un millón de habitantes.
En Malvinas Argentinas (Córdoba), la multinacional Monsanto planea instalar su mayor planta de maíz transgénico de América Latina. Cuenta con el apoyo de los tres niveles de gobierno: la Presidenta (Frente para la Victoria), el gobernador José Manuel de la Sota (PJ, enfrentado con el Ejecutivo Nacional) y el intendente Daniel Arzani (Unión
Cívica Radical). Instalará al menos 240 grandes silos y usará agroquímicos en cercanías de casas, escuelas y centros de salud.
La asamblea de vecinos Malvinas Lucha por la Vida exige poder votar. El 27 de noviembre de 2012, el Concejo Deliberante debía tratar un proyecto de ordenanza presentado por los vecinos para llamar a plebiscito. Los concejales (siete) no dieron tratamiento y una patota (con vía libre de la policía) atacó a los asambleístas.
Intendente y gobernador rechazan el llamado a votación.
En Neuquén se ubica la formación llamada “Vaca Muerta”, señalada por empresas y gobiernos como una de las mayores reservas mundiales de hidrocarburos no convencionales (requiere la cuestionada técnica de “fractura hidráulica”). El gobierno nacional firmó un acuerdo con la estadounidense Chevron. Pero necesitaba la aprobación de la Legislatura de Neuquén.
Distintas asambleas socioambientales, organizaciones sociales, sindicatos y partidos de izquierda propusieron un plebiscito para que el pueblo neuquino decidiera si aceptaba la llegada de Chevron y la explotación de Vaca Muerta.
En julio de 2013 la consultora Aresco había realizado una encuesta en Neuquén. El 52 por ciento se mostró “poco-nada de acuerdo” con la asociación YPF-Chevron, el 46 por ciento estuvo “poco-nada de acuerdo” con la utilización de la técnica de fractura hidráulica (“fracking”) y el 57 por ciento afirmó que el acuerdo YPF-Chevron era “poco-nada transparente”.
El gobierno provincial rechazó cualquier posibilidad de plebiscito.
El 28 de agosto se votaba en la Legislatura de Neuquén el pacto Provincia-YPF-Chevron. Hubo una masiva movilización. Y una respuesta gubernamental: gases lacrimógenos y balas de goma. La represión duró cinco horas. Ese mismo día, 25 legisladores neuquinos decidieron por toda una provincia (550.000 habitantes).
La clase media urbana infla el pecho de orgullo por votar cada dos años, pero maldice cuando le corta la calle un qom que lucha por la tierra, un desocupado o un trabajador que exige derechos.
Las clases medias urbanas son cómplices, por acción u omisión, del extractivismo que sufre la Argentina profunda. Las clases medias urbanas miran para otro lado. Les preocupa tener combustible para el auto y electricidad para el aire acondicionado. Y minimizan el costo si lo pagan comunidades indígenas y familias campesinas con represión y destierro. Dan vuelta la cara si parajes y pueblos enteros deben ser desplazados por el extractivismo. Se horrorizan si se cortan árboles en la porteña avenida 9 de Julio, pero no les importa si en el norte del país se arrasan un promedio de 32 hectáreas por hora. Se ponen histéricos y corren si un contenedor del puerto de Buenos Aires hace llover agroquímico por unas horas, pero no les importa que millones sean fumigados a diario porque “la soja trae dólares y los necesitamos”.
En la Argentina se vota cada dos años. Desde 1983 se realizaron siete elecciones presidenciales y otras siete legislativas.
Los partidos que acumulan mayor cantidad de votos (y que aspiran a cargos ejecutivos) hacen campaña con temas que (quizá) reflejan a la sociedad: inseguridad, dólar, inflación y (mantener el) consumo. Y los ya clásicos (y siempre incumplidos) trabajo, salud y educación.
El modelo extractivo afecta a millones de personas, pero no se debate y no se plebiscita.
Curiosas piruetas del establishment político. Elegido mediante el voto ciudadano, prohíbe a los mismos electores que voten contra las corporaciones, evitan que el pueblo decida su futuro.
Esquel y Loncopué son experiencias recientes. Funcionarios y corporaciones temen los malos ejemplos y el efecto contagio. Por eso evitaron Calingasta y Andalgalá. Por eso no permiten sufragar por represas en Misiones, por Monsanto en Córdoba y por Chevron (y el fracking) en Neuquén.
Tiempos de votos calificados y democracias selectivas.
Derechos de sólo un domingo cada dos años. Democracias raquíticas.
Vida
A fines de la década del 90 e inicios de 2000, la mayor conflictividad estaba dada en zonas urbanas, que pedían ser incluidas en el mercado de trabajo. Enorme desocupación y pobreza, días de corralito bancario y crisis. Tiempos de la efímera consigna “piquete y cacerola, la lucha es una sola”. Las mejoras económicas de la última década disminuyeron la conflictividad urbana de sindicatos, organizaciones sociales, movimientos de desocupados. En paralelo, se incrementó la lucha de pueblos indígenas, campesinos, asambleas socioambientales. La disputa no es por mejoras económicas (que son igualmente necesarias) sino por el territorio, el lugar de trabajo, la cultura, la historia y el futuro de esos pueblos.
La lucha contra el extractivismo no se trata sólo de una lucha ambiental (como muchas veces se la quiere acotar). Es una acción que cuestiona el paradigma de (supuesto) desarrollo, interpela al poder político y económico, y desnuda los límites conservadores de la democracia actual.
Esquel y Gan Gan (Chubut), Loncopué y Loma Campana (Neuquén), Colonia Delicia (Misiones), Gualeguaychú (Entre Ríos), Malvinas Argentinas (Córdoba), Ruta 81 (Salta), Victoria (Entre Ríos), Esteros del Iberá (Corrientes), Rodeo y Calingasta (San Juan), Paraje San Nicolás (Santiago del Estero) y la comunidad qom La Primavera (Formosa). Sólo algunos de los cientos de lugares de la argentina profunda donde se da una lucha de fondo.
Una lucha que, de manera literal, es por la vida.
