Ansiosa por hablar después de doce días de silencio, el discurso de Cristina Kirchner fue de los más desafortunados de los últimos años. En su reaparición pública después de las PASO, la Presidenta se mostró muy enojada con la oposición y los medios de comunicación más concentrados, conciliadora con el peronismo, solidaria con sus candidatos, mal informada y verborrágica (una hora y 20 minutos de discurso por cadena nacional y un tiempo similar en los balcones internos de la Casa Rosada). La valiosa propuesta legislativa destinada a proteger las acciones que el Estado tiene en grandes empresas privadas quedó opacada por el tono electoral de la alocución y las aseveraciones falsas. Lo más grosero: afirmó que Jorge Ariel Velázquez, el joven asesinado en Jujuy antes de las elecciones primarias, no era militante radical sino de la agrupación Tupac Amaru que orienta Milagro Sala y fue durísima con Gerardo Morales y Ernesto Sánz, quienes habían hablado de un posible ataque político contra el muchacho. Horas después la familia de Velázquez confirmó que efectivamente militaba para el intendente radical de San Pedro y que su afiliación a la Tupac estaba relacionada con poder estudiar en una de las escuelas abiertas por la organización social ligada al kirchnerismo.
“Que se quiera decir que el muerto era radical…eso no es demagogia, es de mala persona”, dijo la Presidenta y agregó: “este tipo de actitudes le hacen muy mal a la democracia” y “utilizar a un chico muerto debería avergonzar a quien lo hizo”. La crítica estaba destinada a Gerardo Morales, senador y candidato a gobernador de Jujuy por la UCR, quien suspendió los actos de campaña por la muerte de Velázquez y vinculó el crimen a un atentado político. El joven había estado repartiendo boletas del Frente radical en San Pedro a 50 kilómetros de Jujuy. Cuando volvió a su casa pasada la medianoche fue atacado por un grupo de desconocidos y recibió un disparo en la espalda. Permaneció diez días en terapia intensiva hasta que falleció. En una entrevista que le hicimos en el programa Guetap (Vorterix.rock), Silvia Vázquez, cuñada de Ariel, confirmó que militaba desde marzo pasado para el candidato radical de San Pedro.
Es muy probable que la Presidenta haya confiado en la información que le suministraron sus aliados de Jujuy. La Tupac Amaru emitió un comunicado asegurando que el chico fallecido militaba en Soberanía Popular, el partido político que orienta Milagro Sala, desde el 2013. Lo cierto es que Ariel cursaba en la escuela Germán Abdala ubicada en un barrio construido por la organización barrial. Sin embargo, Silvia Vázquez contó que desde el 24 de marzo pasado, “cuando hice una reunión en mi casa con Julio Bravo empezamos a hacer política para él, que es candidato a intendente radical. Ariel nunca militó para nadie él estaba estudiando en la Tupac, iba al colegio de la Tupac, pero nunca estuvo haciendo política para Milagro Sala. Sí para Gerardo Morales y Julio Bravo”. La contradicción abre múltiples sospechas sobre si la afiliación de Velázaquez a la Tupac Amaru no fue una condición para poder estudiar.
La Presidenta convirtió una aseveración falsa en una grave acusación contra sus opositores políticos y luego, ante la evidencia del error, no se rectificó. Tampoco hubo consecuencias políticas para los informantes mendaces que abonaron su encendido discurso. Hace tiempo que en Argentina no importa que algo sea cierto, lo trascendente es que afecte al otro, “al enemigo”. A este catecismo perverso abonan por igual los grandes grupos mediáticos a través de sus principales voceros periodísticos y Cristina Kirchner junto a los actores más visibles del gobierno. Por lo pronto, lo único trascendente es que se esclarezca el homicidio de Velázquez y se determine si la política fue el motivo de la agresión.
En la cadena nacional número 32 todo quedó mezclado. Entre otras cuestiones, Cristina Kirchner defendió a sus candidatos víctimas “de campañas sucias”. “Los ataques no son contra Daniel Scioli son contra el Frente para la Victoria y empezaron en 2011”, explicó. Rechazó que se haya beneficiado especialmente al empresario Lázaro Báez en la última década con obra pública tal como denunció el diario La Nación y brindó un ranking nacional de concesionarios del estado que lo ubica en el lugar 40 de los beneficiados. Pero no hizo mención al espectacular crecimiento de la empresa Austral Construcciones del cuestionado empresario ni a la obra pública en Santa Cruz. Además cuestionó el uso político del tema inundaciones y criticó al macrismo, en especial a María Eugenia Vidal, “por vestirse de lluvia” al fotografiarse recorriendo barrios anegados. En 2013 la Presidenta había hecho lo mismo ante las inundaciones en CABA y La Plata.
La única propuesta concreta de la alocución del jueves pasado fue el envío al Congreso de un proyecto de ley para prohibir la venta de la participación accionaria del Estado nacional en grandes empresas (Techint, Banco Macro, Siderar, Telecom, Indupa y Clarín, entre otras). Las mismas están en poder de la Anses después de la estatización de las AFJP, el perverso sistema previsional privado diseñado durante el menemismo en complicidad con grupos empresarios. La idea es crear la Agencia Nacional de Participaciones Estatales (ANPE), conformada por cinco miembros, dos del Poder Ejecutivo y tres del Poder Legislativo. Para desprenderse de acciones se requerirá la autorización de una mayoría especial del Congreso (dos tercios). Desde el PRO ya se había deslizado la posible venta de esos activos. La iniciativa está claramente destinada a poner límites a una posible dilapidación del patrimonio nacional. Para explicar esta propuesta unos quince minutos hubiesen sido suficientes.