Lo sabe un niño pequeño. Es una operación matemática simple.
Lo sabe la mayoría de la sociedad que repudió el fallo de la Corte Suprema de Justicia que habilitó la aplicación de una ley, ya derogada, para favorecer la liberación de personas que cometieron delitos de lesa humanidad en base a la conmutación de años de castigo por el tiempo de detención en situación de procesados. Más allá de los argumentos técnicos algo muy difícil de explicar ya que los posibles beneficiarios no estaban detenidos en el período de vigencia de la polémica norma.
Desde ayer casi de manera unánime (todos menos el diputado Alfredo Olmedo) los legisladores nacionales decidieron trasmitirle a quienes creyeron que era posible avalar una suerte de amnistía encubierta que estaban equivocados. El 2 x 1 no podrá aplicarse a crímenes de Estado.
La amplia reacción popular en defensa de la política de Memoria, Verdad y Justicia es uno de los hechos positivos generados por el fallo de los doctores Carlos Rosenckrantz, Horacio Rosatti y Elena Highton de Nolasco.
El otro dato relevante es la decisión de gran parte de los funcionarios oficialistas de acompañar el rechazo parlamentario. Los ministros que hablaron en las horas posteriores a la decisión de la CSJ lo hicieron en forma timorata. “No nos gusta pero hay que respetar el fallo”, dijeron los responsables de Justicia y Derechos Humanos de la Nación. Tres días más tarde, la gobernadora de Buenos Aires María Eugenia Vidal y el senador Federico Pinedo se opusieron a la medida de manera más clara. El silencio del Presidente Mauricio Macri sólo puede sorprender a quienes no hayan seguido sus opiniones sobre el tema Derechos Humanos en los últimos años.
En agosto de 2016 declaró al portal de noticias estadounidense Buzzfeed “no tengo idea” sobre el número de desaparecidos y caracterizó a la represión de Estado como “guerra sucia”. Está claro que se trata de una cuestión que le provoca indiferencia o rechazo. Ante la expresión contundente de los legisladores llamó a una conferencia de prensa horas antes de la movilización a Plaza de Mayo.
La repulsa popular hizo que el gobierno decidiera reducir los posibles daños políticos. “Es algo que decidió la Corte y el gobierno no interfiere en las decisiones de los jueces”, explicaron a la prensa. Los antecedentes no ayudan y habilitan las sospechas. Los tres miembros que votaron a favor del 2 x 1 le deben sus cargos al Presidente. Rosatti y Rosenkrantz fueron designados, incluso, por un decreto. Luego fueron ratificados por el Senado (donde no se les preguntó sobre la opinión que tenían sobre este tema). Y la doctora Highton se quedó en su silla del Alto Tribunal porque el gobierno no apeló el recurso judicial que le permite permanecer en el cargo a pesar de tener la edad para jubilarse.
En enero de 2016, el ex Ministro de Cultura de la CABA, Darío Lopérfido, negó la existencia de 30 mil desaparecidos despertando el rechazo de la comunidad artística local. En abril pasado el gobierno lo designó agregado cultural en Alemania.
En una de sus primeras decisiones el Presidente del Banco Central disolvió la repartición que investigaba crímenes económicos durante la dictadura.
Hace un año, el Ministro de Justicia, Germán Garavano, recibió en su despacho a Cecilia Pando, conocida defensora de lo actuado durante los llamados años de plomo.
Se intentó hacer trasladable el feriado del 24 de Marzo, las críticas que generó la decisión hicieron que se diera marcha atrás.
En enero pasado el director de la Aduana, Juan José Gómez Centurión aseguró en televisión que no hubo un plan sistemático destinado a desaparecer personas y volvió a cuestionar el número de víctimas.
El 24 de Marzo un grupo de diputados de Cambiemos se fotografiaron con carteles que decían: “los derechos humanos no tienen dueño” y “Nunca más a los negocios con los DDHH”.
Extender la aplicación del 2 x 1 a los responsables de delitos de lesa humanidad fue una decisión de la mayoría de los miembros de la Corte Suprema de la Nación pero es imposible obviar el contexto político en el que se decidió su aplicación.
El repudio popular que generó el fallo hace de la Argentina un país distinto a cualquier otro. En la región los represores gozan de impunidad. Sólo por tomar un par de ejemplos vecinos: en Brasil hasta la llegada de Dilma Rousseff a la presidencia no se había habilitado siquiera un recuento de las víctimas de la dictadura militar y en Uruguay la amnistía fue sancionada con el aval de un plebiscito.
Argentina es un país que, como vaticinó el poeta, está decidido a olvidar el olvido.