Fue nombrada durante el gobierno de Hugo Chávez en 2007 pero se convirtió en una pesadilla para Nicolás Maduro, el sucesor del Comandante en la presidencia de Venezuela. La Fiscal General Luisa Ortega Díaz denuncia, desde hace meses, al gobierno de su país por graves violaciones a los derechos humanos. Por esa razón, el presidente Maduro quiere desplazarla de su cargo. El próximo jueves se reunirán en Buenos Aires los miembros de la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos. La doctora Ortega no podrá asistir porque tiene prohibida la salida de su país. En el charla exclusiva que mantuvimos en La Inmensa Minoría (Radio con Vos), anticipó que tratará de «participar» de la reunión de su pares a través de skype o video conferencia. También brindó detalles de la situación que se vive en su país y se solidarizó con la Procuradora Alejandra Gils Carbó cuyo desplazamiento procura el Presidente Maurcio Macri.
A continuación las declaraciones más relevantes de la magistrada:
“Los ataques comenzaron cuando denuncié ante Venezuela y el mundo la ruptura del orden constitucional, producto de una sentencia pronunciada por el Tribunal Supremo de Justicia. Desde ese entonces el Ministerio Público ha estado en permanente estado de amenaza y asedio, con señalamientos irrespetuosos y subidos de tono contra el rol del Ministerio y de la Fiscal General”.
“Factores políticos afectos al gobierno han descalificado y amenazado vehementemente a todos los trabajadores del ministerio. Dentro de esos ataques está la decisión de adelantar el antejuicio de mérito en mi contra, con la pretensión de removerme del cargo, facultad que es privativa del parlamento venezolano, de la Asamblea Nacional. Este procedimiento que están llevando en mi contra también es fraudulento, además que la legitimidad de los magistrados que llevan adelante el proceso está seriamente cuestionada.”
Referente al paralelismo con la situación argentina, la magistrada declaró: “Quiero remarcar que existe un proceso similar respecto a la procuradora general de la nación argentina, la doctora Alejandra Gils Carbo. Entiendo que también se trata de un procedimiento totalmente inconstitucional. En ambos casos la remoción implica tener mayoría parlamentaria en el Congreso.”
Cuando le pregunté sobre qué fue lo que pasó entre el gobierno de Chávez y el de Maduro para llegar a esta situación, la magistrada aseguró: “Creo que este gobierno ha venido desdibujando todos los postulados del presidente Chávez. Tenemos graves violaciones a los Derechos Humanos, nunca vistas en la historia republicana de Venezuela. Y lo más grave es que pretenden invadir la independencia de otros poderes, para favorecer la permanencia del ejecutivo en el poder”.
“Mi deber es mantener la institucionalidad, preservar la constitución y el respeto a los Derechos Humanos, y garantizar la democracia en Venezuela.”
Respecto a las denuncias más importantes que presentó la Fiscal General Venezolana, menciona una serie de sentencias que “anulan el Poder Legislativo, quitándole todas las competencias a la Asamblea Nacional, para arrogárselas al Poder Ejecutivo, al Tribunal Supremo de Justicia. Además las sentencias le otorgan al presidente de la República atribuciones para ejercer en materia penal”.
Ante la pregunta de si va a resistir la decisión del Tribunal Supremo de Justicia, la magistrada respondió: “Yo desconozco la legitimidad de esos magistrados, por lo tanto desconozco también sus decisiones. Ellos no están facultados para procesarme, ni para llevar adelante este proceso ilegal, inconstitucional, e ilegítimo. Estoy dispuesta a permanecer en el Ministerio Público, a menos que ellos procedan a ingresar por medio de la violencia. Voy a permanecer aquí hasta tanto haya una garantía de las seguridades del país, del respeto de los derechos humanos, de la democracia.”
“Quiero expresar mi solidaridad con la Procuradora General de Argentina la Dra. Gils Carbó, a quien le tengo mucho respeto, y sé que su lucha es justa, porque está defendiendo la Constitución y las leyes argentinas, le hago un llamado de mantenernos firmes, para preservar la estabilidad de las instituciones, de la democracia. En Venezuela y Argentina estamos enfrentando un peligroso proceso de judicialización de la política. Se pretende resolver los problemas del ámbito político a través del proceso penal.”
“A mí me prohibieron la salida del país. Yo no puedo ir a Argentina, porque tengo prohibición de salida del país. Pero voy a estar presente en la reunión de este jueves de la Asociación Iberoamericana de Fiscales a través de una videoconferencia, para exponer las razones que han originado todos estos problemas”.
Aquí el audio completo de la entrevista: