Adelanto de “La profanación”, de Claudio Negrete y Juan Carlos Iglesias

El 1 de julio de 1987 la Argentina fue sacudida por la noticia de la mutilación del cadáver de Perón en el Cementerio de la Chacarita: sus manos habían sido robadas. Al estupor le siguieron las hipótesis: se las habían llevado para cobrar un rescate millonario o para acceder con sus huellas digitales a cuentas en Suiza; el ultraje había sido parte de un rito masónico en venganza por pactos no cumplidos por el ex presidente, o un mensaje de la poderosa logia Propaganda Due de Licio Gelli o una ceremonia esotérica de otro origen.

El gobierno de Alfonsín sostuvo que se trataba de un ajuste de cuentas entre líneas internas del peronismo, y éste contraatacó diciendo que era una campaña del radicalismo para perjudicarlo en las elecciones de gobernadores de ese año. Pero el hecho no quedó ahí: el juez del caso, Jaime Far Suau, fue asesinado, y dos testigos clave fallecieron en circunstancias sospechosas; además, el comisario a cargo de la investigación sobrevivió milagrosamente a un disparo a quemarropa y al poco tiempo fue pasado a retiro sin justificación.

A continuación un fragmento, a modo de adelanto:

La máquina de distraer

Las cartas enviadas por los profanadores eran la única pista concreta que se tenía. Primero fue necesario saber desde dónde habían sido despachadas. El policía Daniel Rodríguez pudo averiguar que la dirigida a Saúl Ubaldini había sido recibida por el Correo Central el 29 de junio en el horario pico de las tres de la tarde, sin lograr identificar en cuál de las ventanillas. También se pudo determinar que esa carta era certificada, mientras que las enviadas a Saadi y Grosso, con fecha 26 de junio, simples.

Ofrecían pocos datos que sirvieran para seguir una pista en concreto. Los ocho millones de rescate, una dirección en el remitente, la instrucción de poner dos banderas justicialistas en la sede partidaria de la Capital Federal si se quería pagar el rescate, y la misteriosa firma de “Hermes IAI y los 13”, que podía ser otra clave por descifrar o una firma simbólica que referenciaba supuestas prácticas esotéricas o herméticas del grupo operativo, eran los datos más evidentes. Todas hipótesis y análisis de difícil comprobación.

El mismo día en que se conoció públicamente la violación del cuerpo de Perón, el doctor Nicolás Hermes intentó partir al mediodía de su casa en la calle La Pampa 2086, donde vivía desde hacía quince años. Un grupo de periodistas lo estaba esperando. El móvil de Radio del Plata lo interceptó al salir del garaje, cuya dirección coincidía con la del remitente de la carta de los profanadores, al igual que su nombre. Sorprendido por el inesperado protagonismo que tenía, el médico no tuvo inconvenientes en desmentir cualquier participación en el hecho. Según él, se habría tratado de una broma de mal gusto. “No tengo nada que ver”, fue el título del diario Crónica, con la foto del matrimonio Hermes rodeado por los periodistas. Igual, el sorprendido doctor Hermes, jubilado del Hospital Fernández, debió presentarse ante la Justicia el 3 de julio para aclarar su situación. Ni siquiera le pudieron comprobar alguna actividad política. De esta manera, los investigadores pisaron en falso en su primera intentona de indagar las posibles pistas que condujeran al misterioso “Hermes” que firmaba la carta extorsiva.

Los policías detectaron que una empresa de mensajería llevaba el mismo nombre. Estaba ubicada en Tucumán 2227, noveno piso “A”, donde funcionaba la inmobiliaria Barbos Propiedades y cuyo titular era Raúl Horacio Bosc. Creyeron encontrar una coincidencia interesante que podría ser una clave importante. La suma de los números de la dirección (2227) daba justo el número 13, que coincidía con el misterio de “Hermes IAI y los 13”.

Raúl Bosc se presentó espontáneamente a la policía. Dijo que la inmobiliaria era compartida con su primo Cristian Mareck. Explicó que en noviembre de 1986 su sobrino, Ricardo Kaperkast, de 20 años, le había pedido que le prestara parte de su oficina para montar la mensajería Hermes. Le propuso asociarlo al nuevo negocio y además se encargaría de pagar los impuestos del local. Esa oficina fue explotada finalmente por dos socios de su sobrino, Marcelo Costa y Gustavo Cruz, ambos de 23 años. Bosc les comentó a los policías que entonces le había parecido extraña la actividad de su sobrino y su amigo Marcelo, quienes habían viajado al Paraguay llevando paquetes sospechosos que, dio a entender, bien podrían haber contenido las manos de Perón que estaban buscando.

La policía le encomendó al inspector Rodríguez averiguar sobre los integrantes de la mensajería. Se entrevistó con Marcelo Costa y Gustavo Cruz y, telefónicamente, con Ricardo Kaperkast. Cruz confirmó que había viajado al Paraguay junto con Kaperkast para comprar ropa y una videofilmadora que le había encargado Bosc. Así, dos días después de la profanación habían salido en tren desde Buenos Aires rumbo a Posadas y después, por balsa, habían pasado a Encarnación, la ciudad fronteriza del Paraguay. Gustavo llevaba una mochila de nailon y todos coincidieron en que nunca salieron con cajas ni bultos de la oficina de la calle Tucumán.

Gustavo volvió el día 10 de julio, Ricardo lo hizo al siguiente porque prefirió quedarse con un amigo. En ese momento se enteró de que Bosc había dicho que ambos estaban detenidos en Posadas por el robo de las manos de Perón.

A todo esto el tercero de los socios, Marcelo Costa, quien se había quedado en Buenos Aires, había contado antes que todo era un invento. En su testimonio judicial, Ricardo afirmó que Bosc tenía una conducta rara “o, para mejor definirla, extraña”, y reveló que había trabajado en la sección dactiloscopia del antiguo Ministerio de Guerra. El joven, asombrado, se enteró el sábado a la tarde de la acusación que le había hecho Bosc, calificándola directamente de una fábula inexplicable. Finalmente, la policía decidió dejar de lado esta pista porque llegó a la conclusión de que no conducía a nada y que se había perdido demasiado tiempo.

Igual tenían otras investigaciones en marcha. Desde el 10 de julio habían empezado a realizar un trabajo de inteligencia sobre la publicación de los avisos clasificados que tenían la palabra Hermes. Uno de ellos decía: “Profesor Hermes TarotVidencia. Trabajos efectivos”, y otro más abajo: “Ser humano te ofrezco mi mano humana. José”. Constataron que el profesor Hermes tenía su dirección en el quinto piso de la calle Viamonte 2114. Una habitación de ese departamento era alquilada por Daniel Alberto Sáenz, diplomado en el Universal Esoteric Center. Había hecho un curso de tarot en 1983 y completado estudios en el Instituto Argentino de Enseñanza Parapsicológica. En cuanto al aviso del “Hermano José” se supo que su nombre era José Pedro Moiguer, que atendía en el edificio de la calle Paraguay 5485, segundo piso “B”, y hacía una actividad de apoyo espiritual basada en sus conocimientos antropológicos. No se le conocieron clientes puntuales, con excepción de algunas personas que, según la inteligencia policial, eran homosexuales. Como antecedente, citaron que Moiguer había sido detenido en 1986 por regentear prostitutas.

Otra línea de investigación se desarrolló con relación a las máquinas de escribir “Hermes”. Abraham Herman llevaba 35 años en la Argentina como representante y propietario de la firma Hermany Pilnik S.A. Hacía veinte que importaba esas máquinas y la policía intentó vincular el tipo de letra de la carta de los profanadores con las máquinas que vendía Pilnik. Pero el comerciante le dijo a la Justicia, el 13 de julio, que había muchas marcas con ese mismo tipo de letras y que podían corresponder tanto a una Hermes Baby como a una Shure, Olympia, Traveler o Lettera 82.

La pista “Hermes” se agotó en sí misma y fue cerrada, aunque no perdió vigencia en las especulaciones de que el robo de las manos de Perón fue hecho por un grupo esotérico. La investigación judicial siguió operando con otras fuentes. Desde el primer día se había hecho un seguimiento de todas las informaciones, versiones, trascendidos y datos sobre el robo de las manos. Es verdad que ante un hecho de estas características los medios periodísticos se transforman en devoradores de noticias vinculadas al caso, ya sean propias o ajenas: tienen que cubrir páginas o espacio en radio y televisión para mantener viva la atención de sus audiencias. En esta vorágine de las noticias se suelen colar con facilidad operaciones de desinformación, y es común también que algunos medios, en forma directa, sean parte y funcionales de las operaciones de distracción.

El 10 de julio, el semanario de derecha El Informador Público, que se caracterizaba por tener como fuentes informativas a distintas “cuevas” de los servicios de inteligencia militar, estatales o paraestatales, publicó una nota en la que sostuvo que el dirigente justicialista Herminio Iglesias había tenido contacto con los profanadores y que éstos pondrían a su disposición una serie de documentos que probarían la deuda de 8 millones de dólares que el grupo, supuestamente, habría invertido en el peronismo con fines electorales en las campañas de los años 1983 y 1985.

De acuerdo con esta versión, los profanadores tenían la intención de hacerle llegar a Isabel Perón, que estaba en España, información política que comprometería a dirigentes del cafierismo con intereses ingleses. Ese mismo día, Herminio Iglesias se comunicó con el comisario Carlos Zunino para informarle que se iba a presentar a declarar. Lo hizo el 13 de julio y sólo aportó como novedad que el día 6 de ese mes había recibido en su domicilio una escueta carta escrita a máquina en la que se le decía que querían hablar con él por “el problema del general Perón”, pero que el contacto no pasó de ese mensaje.

En medio de la búsqueda de indicios que sirvieran a la instrucción, surgió en escena un personaje muy particular: Mario Agustín Aguilar. Era un desinformante y ex servicio de inteligencia vinculado al Ejército que había sido detenido por extorsionar a la familia del empresario Osvaldo Sivak, secuestrado y asesinado a mitad de la década del 80. Años después apareció operando en los casos de la sospechosa muerte del hijo del presidente Carlos Menem y también en el atentado a la sede de la AMIA. El accionar de Aguilar demuestra bien cómo funcionaban las estructuras extorsivas surgidas muchas de ellas al amparo de la última dictadura militar.

En su momento, el ministro del Interior, Antonio Tróccoli, había formado un grupo especial de investigación para resolver el caso Sivak. Aguilar, que había recalado ahí, pidió 300 mil dólares para financiarlo. En medio de la desesperación, la familia decidió pagar el dinero ante la negativa del gobierno radical, que argumentaba que no tenía fondos. En realidad, todo resultó una extorsión. Aguilar repartió la plata entre su gente y, descubierta la maniobra, fue detenido y condenado.

A pesar de estar detenido en la Unidad 16 de Caseros, durante ese mes de julio de 1987 Aguilar reapareció en escena misteriosamente, o no tanto, para sumarse al coro de oportunos desinformantes. Le hizo saber al juez Far Suau que tenía datos importantes vinculados a la profanación de la tumba de Perón. La primera entrevista se realizó el 17 de julio en la cárcel. Mostró tres carpetas con distintos informes de inteligencia que había realizado en el pasado cuando se había desempeñado en el Ministerio de Defensa. También exhibió una declaración del 8 de junio de 1986, ante la Fiscalía Nacional de Investigaciones Administrativas, con una serie de informes políticos generados en esos centros paralelos de “inteligencia” argentina. Abrió la boca y su incontinencia verbal derivó en una catarata de denuncias, conspiraciones mafiosas y datos imposibles de constatar.

En uno de esos informes alertaba que, en 1986, la ultraderecha y la ultraizquierda estaban trabajando juntas, haciendo negocios con droga y tráfico de armas, pero que tenían un objetivo común: la desestabilización del país. Agregaba que a Antonio Tróccoli le convenía más hablar de la ultraderecha porque todavía no era el tiempo para desacreditar a la ultraizquierda. Y siguió con sus teorías disparatadas, como que había un plan en marcha para libanizar el país. En el escrito se hablaba de la existencia de grupos de tareas como el llamado “Omega”, que operaba desde Miami y estaba integrado, entre otros, por el ex general de la dictadura y jefe masón Guillermo Suárez Mason. También de la participación de grupos del servicio de inteligencia británico “perfectamente aliados con el narcotráfico”.

Según Aguilar, a ese grupo había que enviarle los ocho millones de dólares para el general panameño Manuel Noriega. Ese dinero nunca llegó a destino porque alguien “se quedó con el vuelto”. Además, dijo que en la relación Noriega-Suárez Mason servía de enlace en Panamá una persona de apellido Tato, junto con un general boliviano que también estaba involucrado en el tráfico de armas. Vinculó a un montonero de apellido Vázquez con gente de la ultraderecha como los casos de Carlos Orellana y “el turco Julián”, que eran integrantes del grupo denominado “Jesucristo”, cuya finalidad era dinamitar sinagogas. También, en aquel año 1986, el ex servicio había denunciado que gente conectada a la P2 estaría planeando el asesinato en la Argentina del presidente Alfonsín y que esa información había sido publicada en el semanario El Informador Público.

En su recorrido verborrágico de conspiraciones que provenían de todas partes, Aguilar agregó que una organización italiana habría participado en el asesinato del empresario Emilio Naum ocurrido en 1984, si bien el crimen había sido consumado por el Clan Puccio. Recordó que según la declaración indagatoria presentada por él en abril de 1986, el empresario Osvaldo Sivak había sido traído en una avioneta desde el Paraguay hasta Monte Grande porque no pudieron soportar las presiones norteamericanas, y hubo que sacarlo de ese país. Aguilar avanzó más en su testimonio increíble, delirante, que intentaba vincular al caso de las manos de Perón para negociar su situación carcelaria. Dijo que había mantenido varias entrevistas con el entonces diputado radical César Jaroslavsky, a quien le había anticipado de la existencia de tres planes desestabilizadores: “Anillo”, “Tres ojos” y “Andes” o “Tumba”.

Por el primero se intentaría la fuga del almirante Emilio Massera para declararlo presidente en el exilio o en la clandestinidad. El segundo sería para exhumar el cadáver del ex ministro de Defensa Roque Carranza y dar una comunicación a los medios sobre la causa de su muerte (se sospechaba entonces que lo habían asesinado de un tiro en la cabeza). Y, finalmente, el tercer plan estaba dirigido a robar el cadáver del general Perón. Insistió en que estas denuncias las había realizado en ese mes de julio de 1986. “Las manos del presidente Perón aparecerán en Madrid por intermedio de quien es un doble agente de inteligencia, el general croata Milo Bogetich; o en Uruguay, donde puede tener participación una persona de apellido Martín, quien trabajó en la embajada inglesa en la Argentina”, subrayó.

Hasta aquí este primer relato de Mario Aguilar ante la investigación judicial. Datos plagados de historias fantásticas que, de haber sido ciertas, hubiesen hundido al juez en una montaña de investigaciones paralelas que, probablemente, habrían conducido a la nada.

La profanación
La investigación más exhaustiva sobre el hecho que en 1987 conmovió al país y al mundo: la profanación de la tumba de Juan D. Perón, y el corte y la desaparición de las manos de su cadáver.
Publicada por: Sudamericana
Fecha de publicación: 07/01/2017
Edición: 1a
ISBN: 9789500758970
Disponible en: Libro de bolsillo

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