El viejo truco de armar causas judiciales para espiar

La Agencia Federal de Inteligencia (AFI) bajo la conducción de Gustavo Arribas, (amigo e inquilino de Mauricio Macri) puso en marcha en abril del año pasado un artilugio llamado “pre-causa” para investigar si su antecesor, Oscar Parrilli, se había llevado información del organismo. La jueza María Servini de Cubría autorizó la escucha de los teléfonos del ex funcionario, que antes fue secretario de la presidencia y mano derecha de Cristina Fernández de Kirchner. Después de cuatro meses, archivó el caso porque no encontró pruebas de nada y ordenó destruir todo el material de inteligencia, audios y transcripciones. Sin embargo, las conversaciones de Parrilli llegaron intactas a los medios afines al Gobierno. Incumplir esa destrucción es un delito grave. Pese a todo, esta semana el fiscal Ramiro González decidió impulsar una causa contra Parrilli sobre la base de esas escuchas que para la jueza no tenían relevancia y debían haber quedado desintegradas.

Lo que está a la vista es que el Poder Ejecutivo, a través de la AFI, con apoyo de la Dirección de Captación de Comunicaciones de la Corte Suprema, que es la que ejecutó las escuchas, espió a Parrilli y a la ex Presidenta durante buena parte de 2016. Los hechos demuestran otra vez la avanzada de los servicios de inteligencia, la utilización política de las escuchas –que el Gobierno sacó de la órbita de la Procuración General y le dio a la Corte– y la manipulación en las causas judiciales en Comodoro Py. Otra vez, es la utilización político-judicial-mediática del material que provee el aparato de inteligencia, en este caso valiéndose de una herramienta tan controvertida como la “pre-causa”, que equivale a ponerse a escuchar por si algo delictivo aparece.

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