Los gobernadores de seis de los nueve departamentos más ricos de Bolivia (los que generan más de la mitad del PBI nacional) emitieron una resolución donde anunciaron la ruptura de las relaciones con el presidente Evo Morales. La medida llega después de que Morales anunciara el envío al Congreso de una ley para que los gobiernos departamentales tengan control social.
Los gobernadores rebeldes están haciendo una cruzada contra ese reglamento impuesto por el oficialismo en la Asamblea Constituyente —que le permitiría a la izquierda redactar la nueva Carta Magna casi en soledad—, la ley agraria y un proyecto para recortar el poder de los prefectos (gobernadores).
La resolución firmada por los gobernadores determina «romper la relación con el Poder Ejecutivo Nacional. No concurrir a ninguna convocatoria que realice el señor presidente de la república, en tanto no se modifique la línea gubernamental de vulneración de la ley y desestabilización institucional de las autoridades elegidas por el voto popular». Una medida simbólica pero clara en el mensaje.
Los prefectos legalmente deberían haber sido elegidos por el presidente de la república —ya que Bolivia es un país unitario— pero la administración de Carlos Mesa apeló a un artilugio legal para que el pueblo «seleccione» a sus prefectos y el presidente los nombre.
Formalmente, siguen siendo «representantes del Poder Ejecutivo» pero el Movimiento al Socialismo (MAS) sólo conquistó tres de los nueve departamentos y hoy el gobierno identifica a esos poderes regionales como trincheras de la oposición a su «revolución en democracia».
Más información:
www.pagina12.com.ar/diario/elmundo/4-76481-2006-11-20.html
news.bbc.co.uk/low/spanish/latin_america/newsid_6163000/6163906.stm
www.clarin.com/diario/2006/11/20/elmundo/i-02001.htm
