El Parlamento boliviano con mayoría oficialista definió ayer el 4 de mayo como fecha de realización del referéndum constitucional que es duramente resistido por la oposición. Entre llamados a la “resistencia civil” y acusaciones de ‘golpe de Estado’, se agravó la crisis institucional en la está sumido el país desde hace meses.
La consulta será doble y hasta triple, porque al mismo tiempo los bolivianos deberán decidir sobre la Constitución y sobre una ley de reforma territorial para establecer la extensión máxima de los predios agrarios. En tanto, en las provincias opositoras – Santa Cruz, Beni, Pando y Tarija – se intentará realizar el mismo día los referéndums sobre los estatutos de autonomía.
«Que el pueblo defina el futuro del país», convocó Evo Morales en un acto frente a cocaleros, mineros, estudiantes de El Alto e indígenas que cercaban el Congreso. “No queremos expulsar a nadie, solo queremos igualdad, pero algunas familias de terratenientes no quieren perder sus privilegios», aseguró.
Rápidamente, la derecha salió en masa a denunciar que nunca existió quórum para la sesión parlamentaria y que la oposición fue convocada a una falsa reunión con el vicepresidente Álvaro García Linera a una cuadra del Congreso, mientras en el recinto se decidía el referéndum. También se cruzaron acusaciones de golpismo, y todo decantó en un sorpresivo agravamiento de la crisis, que ya ha tenido algunos episodios violentos meses atrás.
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