Un trabajo realizado por el Instituto de Estudios y Formación de la CTA reconoce el avance redistributivo de la iniciativa encarada por el Gobierno nacional pero asegura que deja al margen del beneficio a una importante población carenciada.
El plan del Gobierno de Cristina Fernández prevé la entrega de $180 por hijo menor en aquellos hogares cuyos jefes de familias estén desempleados y por hijo de empleados en negro de bajos ingresos. Con ello se espera cubrir un universo de 700 mil personas bajo la línea de pobreza y a 1,8 millones de indigentes.
Sin embargo, el trabajo de la CTA asegura que otro esquema redistributivo, más amplio y «universal», podría llegar a 1,8 millones de pobres y 3 millones de indigentes. El estudio estima que universalizar el beneficio costaría $ 24 mil millones anuales, posible de ser financiados sin endeudamiento a través de la restitución de los aportes patronales a las grandes empresas y la generación de impuestos a las rentas minera, petrolera y financiera.
Desde un primer momento, algunos dirigentes opositores salieron a criticar de plano el plan del gobierno y otros, más cautos, pusieron algunas objeciones, siempre en el marco de las disputas coyunturales por nichos de poder. La CTA, por su parte, que desde hace años pugna por el denominado «ingreso universal» para todos los menores de 18 años, celebró el avance que representa el programa oficial pero insiste ahora en que «no se ajusta adecuadamente a la demanda planteada».
Más información
www.criticadigital.com/impresa/index.php?secc=nota&nid=33997
www.cta.org.ar/base/article14243.html
www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=1200018
