Al coronel (R) Luis Sarmiento se lo investiga por delitos de lesa humanidad ocurridos en Misiones. Por su delicado estado de salud, a última hora de ayer se levantó la orden de detención y se suspendió la indagatoria prevista para el lunes. Su hija, la jueza que trabó la concreción del Fondo del Bicentenario, acusó al Gobierno nacional de intentar presionarla.
En la mañana de ayer, efectivos de Gendarmería procedieron a cumplir el requerimiento del juez federal de Misiones Ramón Claudio Chávez e intentaron detener a Luis Sarmiento en su casa de Barrio Norte, en Capital Federal. Como sufre de un avanzado mal de Parkinson, el militar retirado quedó algunas horas bajo arresto domiciliario a la espera de que la Justicia decida cómo proceder. Finalmente se levantó la orden de detención.
Al producirse el golpe de estado de 1976, el coronel Luis Sarmiento era jefe de Inteligencia del Ejército en Posadas e inmediatamente fue designado al frente del Ministerio de Gobierno de Misiones, cargo que ocupó varios meses. Desde 2005 avanza en la Justicia federal misionera la causa 3159/05, en la que se investigan 60 denuncias por secuestros, torturas y violaciones a los derechos humanos ocurridas en dependencias de la Policía, institución de la cual Sarmiento era el principal responsable político a nivel local.
Tan pronto anoticiada del operativo en casa de sus padres, la jueza María José Sarmiento salió en varios medios de comunicación asegurando que hasta entonces desconocía que su padre hubiese estado involucrado en alguna causa y deslizó dudas sobre el momento en que se procede a su detención, apenas meses después de quedar envuelta en una polémica política con el Gobierno nacional (la magistrada fue la primera en suspender el decreto presidencial 2010/09 que ordenaba usar reservas del Banco Central para pagar deuda).
En declaraciones periodísticas, Sarmiento sostuvo que el Gobierno «evidentemente (…) está relacionado» con la detención, asegurando además sentirse «presionada» porque su padre «nunca tuvo una causa». Funcionarios del gabinete nacional salieron a responderle rápidamente: el secretario de Derechos Humanos, Eduardo Luis Duhalde, explicó que «la jueza no puede negar que su padre estaba imputado» en causas que investigan «delitos de lesa humanidad»; por su parte, el jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, lanzó: «Si (Luis Sarmiento) es un asesino, por más que sea padre de un juez se lo tiene que juzgar».
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www.criticadigital.com/impresa/index.php?secc=nota&nid=40273
www.clarin.com/diario/2010/03/20/elpais/p-02163335.htm
www.pagina12.com.ar/diario/elpais/subnotas/1-45829-2010-03-20.html
www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=1245473
