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El impacto de las regulaciones del discurso «extremista» en el contenido de DDHH

La Electronic Frontier Foundation (EFF), ONG que aboga por la privacidad y los derechos de la libre expresión online, publicó recientemente un nuevo informe titulado «Atrapados en la red: el impacto de las regulaciones del discurso extremista en el contenido de derechos humanos» (Caught in the Net: The Impact of Extremist Speech Regulations on Human Rights Content). El documento es un esfuerzo conjunto de EFF, Syrian Archive y Witness, y fue escrito en respuesta al llamado a la acción de Christchurch.


El documento analiza el impacto de las reglas de las plataformas y las prácticas de moderación de contenido relacionadas con el discurso «extremista» en los defensores de los derechos humanos. La investigación indica que las redes sociales, bajo la presión de bloquear a los extremistas, también censuran a veces a defensores de derechos humanos y otros contenidos legítimos.

Según el informe, las redes sociales han respondido a la presión para bloquear a los extremistas “con políticas y prácticas demasiado amplias y vagas, que han conducido a errores de escala que están diezmando los contenidos de derechos humanos.»

Los ejemplos de contenido bloqueado en Facebook, a pesar de que las publicaciones no tenían conexión con el terrorismo o los grupos extremistas, incluyen comentarios satíricos dirigidos a Hezbolá, publicaciones de un grupo que aboga por la independencia de la República Chechena de Ichkeria y publicaciones que abogan por un Kurdistán independiente. También se descubrió que YouTube había censurado documentación sobre los conflictos en Siria, Yemen y Ucrania.

El documento contiene un listado de medidas sugeridas para mantener un equilibrio balanceado, y además afirma que los métodos de detección automáticos (y los moderadores mal formados) no son capaces de diferenciar las críticas al odio, del mismo odio.

“A medida que más gobiernos se mueven para imponer medidas reglamentarias que requieran la eliminación de un discurso extremista o la privatización de la aplicación de las leyes existentes, es imperativo que consideren el potencial de daño colateral que impone dicha censura, y consideren medidas más holísticas para combatir el extremismo”, sugiere el informe.