La Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (Afsca) aprobó hoy el plan de adecuación a la ley de medios presentado por el Grupo Clarín. El organismo también aceptó las propuestas los grupos Manzano-Vila y Aldrey Iglesias, entre otros.
El plan de adecuación de Clarín propone la separación del grupo en «seis unidades de negocio distintas, con seis administraciones distintas y seis gerencias distintas, para que no tenga una estructura de costos común que le brinde ventajas comparativas en el mercado de la comunicación audiovisual», explicó el titular del organismo regulador, Martín Sabbatella. Luego agregó que si se aprueba el plan de adecuación, tendrá 180 días para cumplirlo.
Así, Clarín tendrá casi seis meses para dividir sus licencias de TV abierta, radio y TV por cable y sus señales de contenidos de TV paga en seis unidades empresariales. Al final del proceso, deberán ser transferidas a nuevos licenciatarios o distribuidas entre los actuales accionistas.
“Con la adecuación de Clarín a los límites de la ley no se termina su derecho a informar y opinar con libertad, que siempre defenderemos. Se termina su posibilidad de imponerse como un gigante económico y monopólico para manipular la opinión pública y condicionar la democracia. El Grupo Clarín finalmente se rindió, porque ningún gigante logra para siempre pisarle la cabeza a los demás y condicionar a la sociedad, al Estado y a la democracia. Sobre todo cuando enfrente se para un Gobierno que se hace cargo de una historia de 30 años de lucha y que está dispuesto a no dejar que se avasallen leyes y derechos”, afirmó Sabbatella.
Así quedará el Grupo Clarín después de la adecuación aprobada (click en la imagen para ampliar):
En la decisión final que tomó hoy la Afsca tuvo un rol central el accionista minoritario de Cablevisión David Martínez, quien en los últimos meses mantuvo fluidos diálogos con los abogados de la Afsca.
Martínez, además, debe resolver su situación personal frente al organismo: es el nuevo dueño de Telecom Argentina y la ley de medios impide al titular de un servicio público, como la telefonía básica, ser dueño de licencias de medios.
