“Hay un juez que se hace el «burro» y también… ¡Hay un burro que hacen juez!”. Con esta frase termina el tango “Argentina, primer mundo” de la genial Eladia Blázquez. Fue escrito en la década del noventa pero mantiene una incontrastable vigencia. El juez más emblemático del fuero federal se llama Norberto Mario Oyarbide. Su historia judicial revela una manera de impartir justicia. Esta semana el Consejo de la Magistratura deberá analizar si su accionar en una causa en la que detuvo un allanamiento a pedido de un funcionario, dónde la policía pedía coimas en su nombre es motivo de una sanción. Esta vez el magistrado, que durante dos décadas contó con la protección política de distintos gobiernos, podría ser sometido a un proceso que puede llevarlo a perder su cargo.
El nuevo escándalo que tiene al magistrado entrerriano como protagonista es fácil de contar y difícil de explicar. El propio Oyarbide reconoció ante la Cámara Federal que suspendió un allanamiento en diciembre pasado, que él mismo había ordenado sobre la financiera Propyme, atendiendo a un llamado telefónico que le hizo Carlos Liuzzi, segundo del Secretario Legal y Técnico de la Presidencia de la Nación, Carlos Zannini. El funcionario le dijo que la policía estaba pidiendo coimas en su nombre. El dueño de la financiera, Guillermo Greppi confirmó que llamó a Liuzzi “por la amistad que los une” con el objetivo de informarlo sobre lo que estaba pasando en el procedimiento.
Entre las sorpresas que contiene el singular episodio hay que contabilizar que el funcionario en cuestión, en conocimiento de la comisión de un delito, debió hacer la denuncia penal y no llamar al magistrado. El juez, en lugar de detener el procedimiento, debió ir al lugar y apelar a la participación de alguna fuerza nacional como Gendarmería para relevar a los policías “mangueros”. Nada de eso ocurrió. El juez argumentó que estaba en ese momento con “gente agradable”. La frivolidad debería estar tipificada en el nuevo Código Penal.
Cómo si fuese poco, el policía acusado de pedir la coima (2,5 millones de pesos) implicó a Hugo Moyano, titular de la CGT opositora, como supuesto socio de la financiera. Greppi rechazó cualquier vinculación con el líder camionero. El diputado radical Manuel Garrido denunció al magistrado ante el Consejo de la Magistratura por “prevaricato, fallo contrario a derecho, incumplimiento de la obligación de perseguir delitos y encubrimiento”.
La suerte de Oyarbide tiene relevancia política. En los últimos años tuvo en sus manos causas de alto voltaje. Las escuchas ilegales en la Ciudad de Buenos Aires; la mafia de los medicamentos –en esa causa el ex titular del gremio bancario Juan José Zanola pidió su juicio político por prejuzgamiento–; la causa SKANSKA, enviada al juez en lo Penal Tributario Javier Lopez Biscayart tras rechazar su competencia; sobreseyó a Néstor y Cristina Kirchner en una causa por enriquecimiento ilícito; fue el encargado de responder el exhorto enviado por la justicia suiza en el que reclamaba los antecedentes judiciales del líder de la CGT, Hugo Moyano; la investigación de la causa por la construcción de viviendas del plan Sueños compartidos, hasta que la Cámara Federal lo apartó y declaró nula su investigación sobre los hermanos Sergio y Pablo Schoklender; el presunto lavado de dinero en pases de jugadores de futbol, en la que también fue apartado por la Cámara con fuertes críticas a su trabajo.
De origen humilde, desde que se recibió de abogado en 1980, la carrera de Oyarbide avanzó sin prisa pero sin pausa. En 1984 ganó el concurso para ser Secretario de un juzgado Criminal y Correccional. Antes había trabajado como empleado raso. En 1993 lo nombraron titular de la Fiscalía Federal 1, la única con competencia electoral. Un año más tarde fue nombrado juez del Juzgado Federal 5. Hasta 2012 subrogó la titularidad del Juzgado 7, actualmente a cargo de Sebastián Casanello. Al tener dos juzgados federales recibió muchas de las denuncias que se realizaron contra funcionarios.
Durante una década impartió clases en la Escuela Superior de la Policía Federal. Desde entonces es conocida su buena relación con “los federales”. A fines de los noventa se lo vinculó a una red de protección a burdeles, entre los que se encontraba el prostíbulo gay Spartacus. La causa provocó el pase a disponibilidad del entonces jefe de Policía y un juicio político en su contra. El 11 de septiembre de 2001, mientras el mundo asistía con espanto a la caída de las Torres Gemelas, Norberto Oyarbide sonreía. Ese día salvó su cargo con los votos del Partido Justicialista.
Amante de la buena ropa y la buena mesa, en 2012 fue llamado a indagatoria acusado de comprar un anillo valuado en 250 mil dólares. La operación podía ser un indicio de enriquecimiento indebido. Finalmente declaró que había alquilado la joya por 7.500 dólares y la lucía con orgullo. Por entonces era un intocable. Ahora enfrenta un pedido de Jury en el Consejo de la Magistratura y una investigación judicial a cargo de su colega Luis Rodríguez, que trata de determinar la veracidad del pedido de coima por parte policías federales en su nombre para detener un allanamiento.
Fiel devoto de la Virgen del Cerro, en Salta. Esta vez Oyarbide deberá apelar a algo más que su fe para superar el trance en el que se encuentra. Su caso llega en el momento en que una nueva integración del Consejo de la Magistratura se dispone a superar años de inacción e ineficiencia. Los opositores piden su cabeza. Los oficialistas dicen que no trabarán el proceso que se inicia contra el juez. Los más escépticos opinan que ningún planteo contra el juez podrá avanzar porque “lo que sabe del poder” es su garantía de inmunidad. Lo cierto es que los consejeros decidirán en pocos días si el nombre de Norberto Oyarbide se convierte en símbolo de la justicia nacional o queda reducido “al palo mayor de un barco que se va a pique”.