La libertad en Internet ha disminuido por sexto año consecutivo, con más gobiernos que nunca orientados a las redes sociales y aplicaciones multimedia como medio para detener la rápida difusión de información, sobre todo durante las protestas contra los gobiernos.
Las plataformas de redes sociales como Facebook y Twitter han sido objeto de creciente censura durante varios años, pero como nueva tendencia, los gobiernos apuntan cada vez más a las aplicaciones de comunicación de voz y de mensajería como WhatsApp y Telegram. Estos servicios son capaces de difundir información y conectar a los usuarios de forma rápida y segura, lo que hace más difícil para las autoridades controlar el panorama de la información o realizar las tareas de vigilancia.
El aumento de los controles demuestra la importancia de las redes sociales y la comunicación online para el avance de la libertad política y la justicia social. No es casualidad que las herramientas en el centro de la actual represión hayan sido ampliamente utilizadas para responsabilizar a los gobiernos y facilitar conversaciones sin censura. Las autoridades de varios países incluso han recurrido a cerrar todos los accesos a Internet, únicamente para evitar que los usuarios difundan información a través de redes sociales y aplicaciones de comunicación, con consecuencias sociales, comerciales y humanitarias incalculables.
Algunas aplicaciones de comunicación se enfrentan a restricciones debido a sus características de cifrado, que hacen que sea extremadamente difícil para las autoridades obtener los datos de los usuarios, ni siquiera por razones legítimas de aplicación de la ley y seguridad nacional. Las aplicaciones de llamadas de voz y video online como Skype también han estado bajo presión por razones más mundanas. Ahora están restringidas en varios países para proteger los ingresos de las empresas nacionales de telecomunicaciones, ya que los usuarios se estaban volcando a los nuevos servicios, en lugar de hacer llamadas a través de líneas fijas o de telefonía móvil.
Otras tendencias clave
Los usuarios de redes sociales enfrentan sanciones sin precedentes
Además de restringir el acceso a las redes sociales y aplicaciones de comunicación, las autoridades estatales encarcelan con mayor frecuencia a los usuarios por sus post y por el contenido de sus mensajes, creando un efecto de enfriamiento en otros que escriben sobre temas controversiales. Varios usuarios de algunos países fueron puestos tras las rejas simplemente por poner un “like” en material ofensivo en Facebook, o por no denunciar los mensajes críticos que otros les envían. Los delitos que llevaron a detenciones oscilaron entre las burlas al perro del rey de Tailandia, hasta «difundir el ateísmo» en Arabia Saudita. El número de países donde se producen esas detenciones se han incrementado en más del 50 por ciento desde 2013.
Los gobiernos censuran contenidos cada vez más diversos
Los gobiernos han ampliado la censura para cubrir una creciente diversidad de temas y actividades online. Sitios y páginas a través de los cuales las personas inician peticiones digitales o llamadas a protestas fueron censurados en más países que antes, al igual que sitios web y medios de noticias online que promueven opiniones de grupos políticos de la oposición. Contenidos y sitios web que se ocupan de cuestiones LGBTI (lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersexuales) también fueron bloqueados o dados de baja por razones morales. La censura de las imágenes (en oposición a la palabra escrita) se ha intensificado, probablemente debido a la facilidad con la que los usuarios pueden compartirlas, y el hecho de que a menudo sirven como evidencia contundente de la mala conducta oficial.
Las medidas de seguridad amenazan la libertad de expresión y la privacidad
En un esfuerzo por aumentar sus poderes policiales y de seguridad nacional, varios gobiernos han aprobado nuevas leyes que limitan la privacidad y autorizan la amplia vigilancia. Esta tendencia estuvo presente tanto en los países democráticos y no democráticos, y condujo a menudo a los debates políticos sobre el grado en que los gobiernos deberían tener acceso a las comunicaciones cifradas. Los ejemplos más preocupantes, sin embargo, no se observaron en los países autoritarios, donde los gobiernos utilizan las leyes antiterroristas para procesar a los usuarios por el simple hecho de escribir sobre la democracia, la religión, o los derechos humanos.
El activismo online alcanza nuevas alturas
Internet sigue siendo una herramienta clave en la lucha por una mejor gobernabilidad, derechos humanos y transparencia. En más de dos tercios de los países de este estudio, el activismo online ha dado lugar a algún tipo de resultado concreto, desde la derrota de una propuesta legislativa restrictiva, hasta la exposición de la corrupción a través del periodismo ciudadano. Durante este año, por ejemplo, los defensores de la libertad de Internet en Nigeria ayudaron a frustrar un proyecto de ley que habría limitado la actividad de las redes sociales, mientras que un grupo de WhatsApp en Siria ayudó a salvar vidas inocentes al advertir a los civiles de los ataques aéreos inminentes.
El seguimiento de la disminución mundial
Freedom on the Net es un estudio exhaustivo de la libertad de Internet en 65 países de todo el mundo, que cubren el 88 por ciento de los usuarios de Internet del mundo. Realiza un seguimiento de las mejoras y disminución de las políticas y prácticas de los gobiernos de cada año, y los países incluidos en el estudio son seleccionados para representar diversas regiones geográficas y tipos de sistema de gobierno.
Este informe, el séptimo en su serie, se centra en los acontecimientos que se produjeron entre junio de 2015 y mayo de 2016, aunque algunos eventos más recientes también se incluyen en las narrativas de los distintos países. Más de 70 investigadores, casi todos basados en los países que analizaron, contribuyeron al proyecto mediante el examen de las leyes y prácticas pertinentes a Internet, poniendo a prueba la accesibilidad de los sitios web seleccionados, y entrevistando una amplia gama de fuentes.
De los 65 países evaluados, 34 han tenido una trayectoria negativa desde junio de 2015. Los mayores descensos fueron en Uganda, Bangladesh, Camboya, Ecuador y Libia. En Uganda, el gobierno hizo un esfuerzo conjunto para restringir la libertad de Internet en el período previo a las elecciones presidenciales y la toma de posesión en la primera mitad de 2016, bloqueando las plataformas de redes sociales y los servicios de comunicación como Facebook, Twitter y WhatsApp durante varios días.
En Bangladesh, los extremistas islámicos se atribuyeron la responsabilidad por el asesinato de un blogger y fundador de una revista LGBTI con una comunidad de seguidores online. Camboya aprobó una ley excesivamente amplia de telecomunicaciones que pone la industria bajo el control del gobierno, en detrimento de los proveedores de servicios y la privacidad del usuario. Por otra parte, la policía de Camboya detuvo a varias personas por sus mensajes de Facebook, incluyendo uno sobre una disputa fronteriza con Vietnam.
China fue el peor abusador de la libertad de Internet del año. La ofensiva del gobierno chino sobre la libertad de expresión bajo la política de «seguridad de la información» del presidente Xi Jinping está pasando factura a los activistas digitales que tradicionalmente han luchado contra la censura y la vigilancia. Decenas de acciones judiciales relacionadas con la expresión online han aumentado la autocensura, al igual que las restricciones legales introducidas en 2015. Una enmienda a la ley penal añadió penas de prisión de siete años para la difusión de rumores en redes sociales (un cargo de uso frecuente contra los que critican a las autoridades), mientras que algunos usuarios que pertenecen a grupos religiosos minoritarios fueron encarcelados simplemente para ver videos religiosos en sus teléfonos móviles. La revista londinense The Economist, y South China Morning Post fueron recientemente bloqueadas en China continental, así como los artículos y comentarios acerca de eventos sensibles, incluyendo una explosión química mortal en Tianjin en 2015.
Turquía y Brasil fueron rebajadas en su status de libertad en Internet. En Brasil, que pasó del acceso gratuito al parcialmente libre, los tribunales impusieron bloqueos temporales en WhatsApp por no entregar datos de usuarios en investigaciones criminales, mostrando poco respeto por los principios de proporcionalidad y necesidad. Además, al menos dos bloggers murieron tras informar sobre corrupción local. Turquía, cuyo entorno de la libertad en Internet se viene deteriorando desde hace varios años, cayó en la categoría de Sin Libertad en medio de varios bloqueos de plataformas de redes sociales y enjuiciamiento de usuarios, en su mayoría por delitos relacionados con la crítica a las autoridades o la religión. Estas restricciones siguieron aumentando tras el fallido golpe de estado en julio de 2016, a pesar del papel crucial que los medios de comunicación y las redes sociales (sobre todo FaceTime) jugaron en la movilización de los ciudadanos contra el golpe.
Sólo 14 países registraron mejoras generales. En la mayoría de los casos, sus ganancias fueron bastante modestas. Los usuarios en Zambia enfrentan menos restricciones en el contenido online en comparación con los años anteriores, cuando se bloquearon al menos dos medios de prensa críticos. Sudáfrica ha registrado una mejora debido al éxito de los activistas online en el uso de Internet para promover el cambio social y la diversificación de los contenidos online, en lugar de cualquier actividad gubernamental positiva. El activismo digital también floreció en Sri Lanka, mientras la censura y las violaciones a los derechos humanos continuaron descendiendo bajo la administración del presidente Maithripala Sirisena. Y Estados Unidos registró una ligera mejora para reflejar el pasaje de la Ley USA Freedom Act, lo que pone ciertos límites a la acumulación de la mayor parte de los metadatos de las telecomunicaciones, y establece varias otras protecciones de privacidad.
