Regular las economías de plataforma sin crear trabajadores de segunda

Bajo el concepto de “economía de plataforma” se engloba una gran variedad de actividades económicas y sociales que son facilitadas por plataformas digitales, principalmente aplicaciones telefónicas. En Argentina representan un sector no tan voluminoso de la economía (según CIPECC un 1% de los asalariados) pero su expansión está en proceso y la discusión sobre su regulación tomó estado público.

A su vez, les trabajadores que se someten a estas empresas, suelen estar en muy malas condiciones de trabajo (principalmente en cuanto a salario, jornada y seguridad) y sufrir, desde un abordaje interseccional, dificultades adicionales asociadas con su condición migrante. A pesar de que las empresas no brindan información, diferentes iniciativas relataron estas condiciones y existen algunos relevamientos como el citado más arriba.


Ante esto, primeramente, debe señalarse que es muy importante y positivo que exista un tratamiento por parte del gobierno y del parlamento de este tema. En ese marco vale la pena traer algunos interrogantes que se vienen discutiendo, al menos en cierto sector de la academia jurídica: ¿qué derechos asisten a estas/os trabajadoras/es? ¿es compatible nuestro derecho del trabajo con las reglas de la economía de plataforma o merecen una reglamentación especial?

Lo primero que hay que advertir es que no necesariamente estamos ante la modificación de la actividad de trabajo en sí, sino de la forma en la que esta se ofrece y se contrata. En ese sentido pareciera más atinado hablar de una “tecnologización” de actividades preexistentes. Esto se ve claramente en las empresas vinculadas con el transporte de cosas o personas: antes existía el delivery o los remises, ahora hay Rappi y Uber.