Violentados por garantizar el aborto en Argentina

No importa la provincia de la que se trate, y si está adherida o no al protocolo nacional para abortos no punibles. Todos los profesionales que garantizan hoy la interrupción legal del embarazo (ILE) en Argentina sufrieron algún tipo de acoso o violencia. La finalidad siempre es la misma: amedentrarlos y que dejen de cumplir con la ley. La gran pregunta es por qué molesta tanto que sigan los parámetros contemplados en el Código Penal argentino, el protocolo ILE y la legislación vigente.

«Hacer abortos es una práctica contrahegemónica en este país, en el que siempre se impuso la ideología católica de que el sexo es pecado, salvo cuando es para procrear», lanza Stella Maris Manzano, especialista en Tocoginecología y Medicina Legal en Trelew, Chubut. Stella es conocida como «la médica del caso F.A.L», aquel fallo histórico de 2012 en el que la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) ratificó que no son punibles los abortos en casos de violación y que no hay necesidad de presentar autorización judicial para que se lleve adelante la interrupción.


Después de haberle practicado en 2010 ese aborto a la joven de 15 años violada por su padrastro, Stella empezó a sufrir aprietes sistemáticos y violencia institucional. No sólo le pusieron trabas para que no pudiera hacer la ILE, sino que después le bajaron su jornada laboral de 30 horas de trabajo a 20, esperaron a que la inflación le comiera el sueldo y hasta la corrieron de un cargo en el hospital.