Cuatro meses y 20 días después de haber sido publicado, el Decreto de Necesidad y Urgencia por el que se estableció la denominada “extinción de dominio” para casos de narcotráfico, terrorismo y corrupción es letra muerta. Ni en el Ministerio Público Fiscal ni en la Justicia en lo Civil y Comercial Federal hubo movimiento alguno para implementar lo que el Gobierno se apresuró a anunciar como un golpe estratégico en la “lucha contra las mafias” que posibilitaría el recupero de activos en casos graves. El apremio oficial –que cosechó cuestionamientos por la modalidad de un decreto que podría tener efectos penales y no sólo civiles- no registró ningún impulso luego de que fuese presentado como una herramienta clave. Y naufragó de la misma manera en la que quedó empantanada la discusión parlamentaria por el proyecto de ley que lo iba a regular.
Hasta ahora, ni un solo caso comenzó a tramitarse en los tribunales del fuero Civil y Comercial Federal, el elegido para tramitar los reclamos en paralelo al proceso penal sobre personas físicas o jurídicas cuyos bienes estaban en discusión y podían ser “extinguidos”. Los jueces de ese fuero ubicado en el Palacio de Tribunales se sorprendieron con el anuncio del Poder Ejecutivo. Afirmaron que nunca fueron consultados sobre la viabilidad de que sean ellos los que se encarguen del trámite de los casos a solicitud de los fiscales.
Pero tampoco se creó la procuraduría de extinción de dominio a favor del Estado Nacional (PEDEN), dentro de la estructura de la Procuración General de la Nación que conduce interinamente Eduardo Casal. Más allá de algunos pasos informales, no se llamó a concurso para ocupar esa vacante, desde el punto de vista administrativo. Tampoco hubo resoluciones temporarias en la materia para la creación de la estructura que planteó el DNU de Mauricio Macri firmado el 21 de enero de 2019. La función de esta procuraduría especial era la de llevar adelante las investigaciones preliminares para establecer la cantidad de bienes en cuestión, y cuya función sería presentar las demandas e impulsar las acciones junto a los fiscales de los casos penales, pero en este caso ante la justicia civil y comercial federal.
