Al gobierno argentino le preocupa más la crisis económica en Brasil que la situación institucional

El avance del juicio político contra la presidenta brasileña Dilma Rousseff, denunciado como un “golpe de Estado blando” por el oficialismo de ese país y por buena parte de las fuerzas progresistas, populares y de izquierda de la región, llegó ayer a su punto cúlmine. Sin embargo, desde el gobierno argentino no ha habido posicionamiento oficial ante la posibilidad de una crisis política terminal en el principal socio geopolítico y, con los micrófonos apagados, funcionarios de Cancillería aseguran que Buenos Aires no intervendrá en el proceso político que se está llevando a cabo en Brasilia. Desde la oposición, el peronismo y la izquierda no dudan en caracterizar lo que está sucediendo como un atropello a la voluntad popular que manifestó el pueblo brasileño en las urnas, y en considerar que la derecha de ese país se apoyó en “excusas” para “voltear un gobierno democrático” elegido hace menos de dos años.

“No vamos a tomar una posición. Se trata de asuntos internos de un país vecino, socio y con el que nos unen lazos de respeto y afecto, pero el tema se sigue de cerca y con mucha preocupación”, aseguran desde la Cancillería, en línea con la posición de Mauricio Macri en su única declaración al respecto, cuando calificó el impeachment como un proceso institucional que no se aparta de los mecanismos previstos por la ley brasileña. Según fuentes del Gobierno, “la preocupación” pasa más por “que se resuelva pronto la crisis económica” que afecta a Brasil, con consecuencias directas sobre la Argentina.