Cuando Julian Assange decidió refugiarse en la embajada de Ecuador en Londres, donde pasó los últimos siete años de su vida hasta la sorpresiva detención policial en abril, el único desenlace posible para su carrera como “hacktivista” quedó resuelto en una cuestión de vida o muerte. De hecho, fue en esos mismos términos que su equipo de abogados inició la batalla jurídica para tratar de evitar la extradición definitiva a los Estados Unidos, donde quieren condenarlo a más de 170 años de cárcel.
Acusado de la mayor filtración de información confidencial en la historia militar y diplomática de los Estados Unidos —90 mil informes sobre la guerra en Afganistán, 400 mil sobre la guerra en Irak y 800 mil sobre Guantánamo facilitados por Chelsea Manning, además de los cables del Departamento de Estado publicados “para su descarga masiva” por WikiLeaks—, minutos antes de una primera sentencia de 50 semanas de prisión en Inglaterra, donde se resolvieron los últimos detalles de su futuro, Assange no dudó en aclarar su objetivo: “No deseo rendirme a la extradición por hacer un periodismo que ha ganado tantos reconocimientos y ha protegido a tantos”.
