viernes 16 de noviembre

Apostasía consentida: no hagamos más lío

Desde agosto, ya perciben el nuevo aumento salarial del 10%. Paritaria judicial mediante, los obispos de cada diócesis y los administradores apostólicos y diocesanos cobran 51.480 pesos mensuales, mientras los obispos auxiliares y eméritos perciben 45.045 por los servicios que le prestan a dios. Por el artículo 2 de la Constitución Nacional, el Estado argentino “sostiene el culto católico apostólico romano” y, por una serie de decretos de Jorge Rafael Videla que se inicia en 1977, los altos mandos de la Iglesia tienen el beneficio de una asignación mensual equivalente a un 70 o un 80% de lo que gana un juez de primera instancia.

El aumento que Ricardo Lorenzetti y los supremos acaban de autoasignarse, pese a la queja de Nicolás Dujovne, también mejora los ingresos de los 140 obispos, 640 sacerdotes y 6.200 seminaristas que existen en todo el país. Se suma, además, a otro incremento del 5% que se autorizó en febrero pasado y corresponde a 2017.


En el marco del cuidado diálogo que teje con el Episcopado, el gobierno de Mauricio Macri avanza ahora para dar de baja los decretos que firmaron Videla, Martínez de Hoz, Harguindeguy, Galtieri, Alemann y Bignone y reemplazarlos por una nueva norma que ponga fin al privilegio que lleva más de cuatro décadas sin modificaciones, como herencia nunca revisada de la última dictadura militar.

El objetivo es encontrar una forma de financiamiento similar a la que existe en otros países del mundo, como España, Alemania o Italia, donde los católicos aportan a la Iglesia, a través de sus impuestos, como en el caso del llamado otto per mile.

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