La euforia mundialista que atravesó este mes a un país insatisfecho hasta en sus necesidades básicas de festejar puede alcanzar su cénit el domingo de la mano de Leo Messi y la Scaloneta. Pero cuando el martes las organizaciones sociales hasta ahora alineadas con el oficialismo marchen a la puerta de varios supermercados para protestar contra la suba de los alimentos y lo exiguo del bono de fin de año que decidió otorgar el Gobierno, la cruda realidad del ajuste volverá a corporizarse. Y llegará rodeada de viejos fantasmas, porque el martes es 20 de diciembre y las cenizas de 2001 están lejos de haberse apagado del todo.
La gobernabilidad, ese argumento irrebatible por el cual siguen valorando al peronismo los empresarios que miran más allá del vaivén diario de los mercados, vuelve a crujir como durante la corrida cambiaria que sucedió a la eyección de Martín Guzmán. Ya no son solo los piqueteros opositores que bloquearon este jueves los accesos a Buenos Aires: Juan Grabois advirtió en simultáneo que los $13.500 en dos cuotas que pagará el Estado a los beneficiarios de programas sociales son «un escupitajo en la cara de los pobres» de una ministra «que mira la realidad desde su mansión en el country». A ese dardo contra Victoria Tolosa Paz, con quien ya había chocado por las bajas de beneficiarios del plan Potenciar Trabajo, Esteban Gringo Castro añadió que «el bono para navidad y reyes no es cristiano ni peronista».
Este último señalamiento también revivió la tensión tórrida que se vivía a principios de siglo cada vez que se acercaban las Fiestas. Castro, secretario general de la UTEP, integra el Consejo Económico y Social (CES) que preside casi clandestinamente Mercedes Marcó del Pont en la Casa Rosada y cultiva, como Grabois, un vínculo directo con el Papa Francisco. Las usinas comunicacionales locales del pontífice propalaron ayer el descontento de su sector, que considera que el bono es una «miseria» y «rompió la paz del gobierno nacional con los movimientos populares que lo integran».
