Brasil: el poder pasa a manos de los vencidos en las urnas

«Hasta ahora fuimos la cancillería del Gobierno de Dilma Rousseff; de ahora en más, nuestra obligación será defender a Michel Temer y la legitimidad de su Gobierno en todo el mundo», le dijo a Ámbito Financiero un funcionario de Itamaraty, consciente de dónde le apretará el zapato al nuevo Brasil.

La presidenta suspendida deja el poder, probablemente para siempre, asegurando haber sido víctima de un golpe de Estado. El argumento convence sólo a los propios y resulta autoindulgente, ya que evita el siempre doloroso ejercicio de la autocrítica. Sin embargo, la realidad no encaja realmente en la definición de una toma del poder por la fuerza a espaldas de la legalidad.


El proceso que defenestró a la desangelada mandataria no duró dos días, como el de Fernando Lugo en 2012, sino que comenzó formalmente en octubre del año pasado. Tampoco fue un hecho de fuerza como el que sufrió el hondureño Manuel Zelaya en 2009, sino que siguió un intrincado camino en las dos cámaras del Congreso, bajo la permanente supervisión del Supremo Tribunal Federal. Afirmar que lo que ocurrió fue un golpe, entonces, obligaría a arrojar a la basura toda la trama institucional de Brasil, un lujo que, pese a los ruegos de Dilma, el Mercosur no se dará.