La orientación del gobierno Lula, incluso antes de la toma de posesión a finales de 2022, cuando se negoció la aprobación de la Propuesta de Enmienda Constitucional (PEC) de transición, fue la búsqueda de un acuerdo con Arthur Lira y el Gran Centro para garantizar la gobernabilidad. Lo que podría haber sido una maniobra táctica plausible, dada la emergencia impuesta por la necesidad de garantizar fondos para el programa Bolsa Familia que no existían en el presupuesto público dejado por el gobierno Jair Bolsonaro, se consolidó como una opción estratégica. Es cierto que hay realidades que se imponen y que no dependen de nuestra voluntad. Pero también es cierto que, tras la victoria electoral de 2022, aunque sea ajustada, se abrieron nuevas posibilidades. Tenemos una mayoría reaccionaria en el Congreso Nacional, pero es posible presionarla de «afuera hacia adentro».
Un análisis lúcido debe necesariamente evaluar que cualquier acuerdo con Lira y el Gran Centro es frágil y, por lo tanto, transitorio. Aunque consideremos que el proyecto del gobierno Lula debe centrarse, en la coyuntura actual, en combatir el peligro del bolsonarismo y en la necesidad de evitar una recesión impuesta por la política monetaria de tasas de interés reales exorbitantes, lo que está en juego es más grave. Una gobernabilidad «fría» descansa en el afán de construir una mayoría en el Congreso, con un costo muy alto.
