jueves 20 de septiembre

Catarata de arrepentidos: ¿Se desvirtúa un arma jurídica clave?

Carlos Wagner, ex presidente de la Cámara Argentina de la Construcción, se sumó a la figura del arrepentido y reconoció la estructura de cartelización, sobreprecios y coimas en el período K. Tras él, otro empresario que lo sucedió en el mismo cargo sectorial, Juan Chediack, decidió también acogerse al arrepentimiento.

A la lista de más de de una decena de empresarios y funcionarios se sumó una pieza clave: Claudio Uberti, ex titular del Occovi, el organismo que controlaba las concesiones viales y los peajes, funcionario que saltó a la fama por ser el pasajero oficial del vuelo de la valija del venezolano Guido Antonini Wilson y por haber sido el embajador paralelo de Néstor Kirchner en Venezuela. Al cierre de esta nota, Aldo Roggio -sin demasiado éxito- y Gabriel Romero, del grupo Emepa, intentaban conseguir su amparo legal en la figura que todos anhelan. Cada vez más nombres, en una carrera hacia el arrepentimiento que les garantice una morigeración de penas en la causa como la de los Cuadernos de la Corrupción, que no deja de avanzar.


La experiencia internacional lo anticipaba. Los sucesos de los últimos días en la Argentina lo ratifican plenamente. La figura del arrepentido constituye un arma fundamental para enfrentar a la criminalidad organizada, desarmar las complicidades mafiosas y esclarecer delitos graves que amenazan a la sociedad, tales como la corrupción o el narcotráfico.

No hay modo de penetrar las actividades delictivas más siniestras de nuestros tiempos sin la colaboración de algunos de quienes participan de ellas. En paralelo, casi ninguno de los potenciales colaboradores (el casi es una concesión a la relatividad de las cosas) ayudará a la investigación por un genuino “arrepentimiento”. Sólo podrá motivarlos la obtención de beneficios concretos como la disminución sustancial de la pena que temen afrontar y la protección que el Estado puede brindarle.

Claro que para la sociedad no es bueno ni deseable que esos tardíos e interesados colaboradores forzosos de la Justicia queden impunes. Es un precio que aceptamos pagar para que el brazo de la Ley llegue a los líderes de las organizaciones criminales, habilite desarmarlas y quitarles los recursos con los que delinquen y el resultado de los delitos.

De allí que este tipo de norma –y en particular la Ley 27.304 que rige en nuestro país- exija que quien pretende acogerse a ella brinde pruebas fehacientes que sirvan para avanzar contra “…sujetos cuya responsabilidad penal sea igual o mayor a la del imputado arrepentido”. La utilidad de la prueba es básica para que el acuerdo tenga validez y eso debe ser confirmado por el juez y el fiscal en un plazo no mayor a un año.

La Ley define además un delito autónomo, el cometido por un arrepentido si “proporcionare maliciosamente información falsa o datos inexactos”. La pena es muy elevada, de 4 a 10 años de prisión que, además se suma a la pérdida total de los beneficios que se le otorgaron en el acuerdo.
La figura del arrepentido es esencial para el recupero del dinero y bienes objeto del delito y la indemnización de los daños causados. En el Lava Jato, el juez Moro y los fiscales encabezados por Deltan Dallagnol han recuperado más de 3.000 millones de dólares de la corrupción. El recurso principal de tan trascendente logro fueron los acuerdos con los arrepentidos.

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