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lunes 18 de octubre de 2021
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Clarín inicia una avanzada judicial contra ministros y funcionarios del Gobierno

Luego de las últimas decisiones oficiales vinculadas con trabar el ingreso del Grupo Clarín a Nextel, a través de la compra del 49% del capital accionario de la operadora de telefonía móvil por parte de Cablevisión, en el mayor holding de medios del país tomaron una decisión que seguramente profundizará la guerra que mantienen con el Gobierno. Es que, por recomendación de sus abogados, el grupo estudia variantes legales para avanzar contra miembros del Poder Ejecutivo.

La estrategia apuntaría a acusar a los ministros y funcionarios que firmaron resoluciones que hayan intentando perjudicar sus operaciones. Entre quienes podrían recibir citaciones estarían el vicepresidente de la Nación, Amado Boudou; los ministros de Economía y Planificación Federal, Axel Kicilloff y Julio De Vido respectivamente, así como los titulares de la Autoridad Federal de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (Aftic) y de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (Afsca), Norberto Berner y Martín Sabbatella. Es posible que la lista crezca, aunque habrá que esperar el devenir político del kirchnerismo durante las elecciones presidenciales para saber de manera fehaciente cuántos hombres K serán acusados por el multimedios.

El argumento legal para avanzar en esta especie de cruzada judicial se basa en demostrar que los funcionarios utilizaron el Estado para hostigar de manera sistemática al grupo. También en que se toman represalias políticas basadas en decisiones claramente arbitrarias como la que intenta anular el ingreso de Cablevisión en Nextel. En Clarín consideran la existencia de un parámetro, un calco en todas las medidas tomadas por el Gobierno en temas vinculados con el holding. Recuerdan el accionar discrecional de la Aftic en relación a Fibertel. Y similar a la de la Afsca en la Ley de Medios, cuando aplicó la adecuación de oficio, también excluyendo y ocultando la información a los directores por la oposición. Los abogado de Clarín creen que todas las medidas oficiales son «ilegales, abusivas y discriminatorias».

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