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lunes 14 de junio de 2021
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Clases presenciales: Las claves y los alcances de la decisión de la Corte

En un fallo de alto voltaje político y que opera como advertencia hacia la Casa Rosada, la Corte Suprema sostuvo que el gobierno de Alberto Fernández violó la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires al suspender las clases presenciales en el AMBA, como planteaba el reclamo de Horacio Rodríguez Larreta. El tribunal remarcó que, aunque el DNU 241 que estableció esa medida ya no está vigente, considera que debe establecer un “criterio rector” que oriente “decisiones futuras” ante circunstancias que podrían repetirse. De hecho ya entraron en vigencia nuevas medidas sanitarias y frente a ellas el tribunal concede así un aval al jefe de gobierno porteño que mantiene las escuelas abiertas. La decisión suprema fue unánime, pero está estructurada en tres votos distintos. El principal argumento compartido es que es que el Estado nacional no dio fundamentos suficientes para ejercer una “potestad sanitaria” que lo habilitara a intervenir en la “modalidad educativa” de la Ciudad, aunque existan competencias concurrentes. El presidente Alberto Fernández replicó: “Voy a cuidar la salud de los argentinos por más que escriban muchas hojas de sentencias (…) No saben lo que me apena ver esta decrepitud del derecho convertida en sentencias”. La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner ironizó en sus redes sociales: “Digo yo… para poder gobernar, ¿no será mejor presentarse a concursar por un cargo de juez al Consejo de la Magistratura o que un presidente te proponga ministro de la Corte?”.

Para el gobierno nacional, el fallo es una “declaración de guerra”. No tiene efectos prácticos, subrayan, sino políticos y mediáticos. Una devolución de gentilezas, tal vez, ante una administración que ha cuestionado y puesto en debate el funcionamiento cortesano. En un comunicado, el Gobierno señaló que el tribunal “no resolvió un caso particular y concreto, realiza consideraciones indicativas, toda vez que ya no se encuentra vigente el DNU cuestionado”. “El mismo tribunal admite, como ya lo había dicho en la acordada 6/2020, que el Poder Judicial no cuenta con los instrumentos necesarios para evaluar la idoneidad de los indicadores sanitarios y epidemiológicos y, por lo tanto las medidas aptas para contener los contagios”. Recuerda que el nuevo DNU, el 287, establece parámetros específicos y ha calificado los distintos partidos, departamentos y aglomerados urbanos en alto, mediano o bajo riesgo epidemiológico y sanitario o en alerta epidemiológica y sanitaria”. Esta última es la que corresponde, dice, al AMBA. El DNU vigente no fue impugnado judicialmente por la CABA.

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