Las sanciones pueden tener efectos duraderos en los países destinatarios, con consecuencias no previstas ni esbozadas originalmente por quienes las crearon. Esto es lo que ocurrió en Venezuela. Las sanciones y las medidas reactivas tomadas por el gobierno de Nicolás Maduro han ido transformando las políticas públicas y dando lugar a nuevos sectores económicos, en un contexto de fortalecimiento del bloque bolivariano y un intento de la oposición de adaptarse al nuevo escenario.
En febrero de 2019, el presidente de Estados Unidos Donald J. Trump afirmó ante una entusiasta multitud congregada en Miami: «todas las opciones están sobre la mesa». Se refería al intento de su gobierno de presionar al régimen de Nicolás Maduro. Esa frase, repetida a menudo por el embajador John Bolton, consejero de Seguridad Nacional, resumía la estrategia estadounidense de «máxima presión» hacia Venezuela. De acuerdo con su teoría del cambio de régimen, era necesario ejercer la máxima presión mediante sanciones individuales y sectoriales, condenar a los líderes del gobierno y amenazar con una intervención militar para buscar el derrumbe del régimen bolivariano. Semanas antes, en enero de ese mismo año, Juan Guaidó, la máxima autoridad de la Asamblea Nacional, había jurado como presidente interino de Venezuela y obtenido el reconocimiento inmediato de más de 50 países, la mayoría de los cuales eran importantes democracias de Europa y las Américas. La figura de la «Presidencia interina» se basó en el hecho de que ni la oposición venezolana ni los aliados extranjeros reconocieron los comicios presidenciales de mayo de 2018, en los que Maduro había sido elegido para un segundo mandato, en un marco de proscripción de hecho de la mayoría de los partidos opositores y de persecución a sus candidatos. La Asamblea Nacional Constituyente (anc), una entidad supraconstitucional con mayoría de representantes fieles al oficialismo, convocó y organizó las elecciones, lo que provocó un boicot de la oposición.
