El Gobierno se prepara para encarar, desde la semana próxima, su apuesta más fuerte para encarrilar los precios y salarios y llegar sin sobresaltos a las decisivas elecciones legislativas: el acuerdo con los empresarios y sindicalistas que se explorará no es imaginado como el pacto social de 1974 sino más bien como una metodología de trabajo para analizar las posibilidades de cada sector y llegar a compromisos no escritos para ajustar las expectativas inflacionarias a las previsiones del presupuesto 2021.
Mientras la Jefatura de Gabinete apura las invitaciones a los sindicalistas para el miércoles y al empresariado para el jueves, está previsto que se ponga sobre la mesa la necesidad de cumplir la pauta presupuestaria oficial, que incluye una inflación del 29%, un tipo de cambio para el dólar de $102,4 en diciembre y un crecimiento del PBI de 5,5%.