Correo: pese a la marcha atrás, en el Gobierno no creen que la oferta mejore

El Gobierno presentará el lunes el escrito ante la sala b de la Cámara de Apelaciones en lo comercial para volver “a fojas cero” y dar marcha atrás con el acuerdo con la ex concesionaria del Correo tal como ordenó el jueves el presidente Mauricio Macri. En el Ejecutivo, que dilató 72 horas la presentación del escrito judicial, hay incertidumbre por la suerte del escrito que ayer preparaba Juan Mocoroa, el director general de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Comunicaciones, a quien la fiscal Gabriela Boquín calificó en su dictamen como “un funcionario sin competencia” para llevar adelante las negociaciones. Confían en que la Cámara dará el visto bueno al pedido oficial. Reconocen que la decisión de retroceder del Jefe de Estado descomprimió la tensión, pero afirman que difícilmente puedan conseguir un acuerdo al que ya habían llegado. “El problema es que la empresa es insolvente”, continúan afirmando en el entorno del ministro Oscar Aguad, en sintonía con lo que ya había expuesto el radical cordobés días atrás.

Una posibilidad -cuentan- es tratar de cobrar al contado los 296 millones de pesos de deuda verificada en el concurso preventivo hasta 2003 en lugar del plan de cuotas a 15 años, que -para el Ejecutivo- sumaba un total de $ 600 millones. En el Gobierno -señalaban- que con el acuerdo que se había cerrado, el Grupo Socma se comprometía a dar de baja los juicios contra el Estado, que se tramitan en causas paralelas, y que para la empresa concursada podrían sumar $1800 millones, según un informe del Tribunal nacional de Tasación más intereses. Se refieren particularmente a los edificios adquiridos por un total de $ 400 millones que la concesionaria adquirió y que el Estado retuvo luego de la estatización, como parte del capital de la empresa pública. La firma reclama no haber podido usufructuar el alquiler de una planta en Monte Grande y camiones que compró. Con esa información, en el ministerio de Comunicaciones vislumbran que los accionistas podrían vender la empresa. «Es la única solución», sostienen. Presumen que podría haber interesados en contraer la deuda con el Estado para seguir adelante con los juicios contra el mismo Estado, que “tiene buenas expectativas”, en palabras de algunos funcionarios. El padre del Presidente ya no es más accionista de Socma. Los hermanos del mandatario, sus sobrinos y sus hijos controlan el viejo holding familiar. El Presidente transfirió las acciones que le quedaban en 2015, según consta en su última declaración jurada.