El golpe genocida fue la política que el imperialismo y el empresariado llevaron adelante para liquidar el ascenso obrero y popular que había comenzado años atrás, en 1969 con el Cordobazo. Para ello, no se valió solo de la represión y el terror generalizados, los secuestros, las torturas y desapariciones. Hacía falta un compendio de leyes que dieran cobertura a la entrega, el saqueo, además del tratamiento penal a la juventud, o el sostén estatal al Clero católico, entre otros aspectos.
Con ese objetivo, mientras echaba por tierra la Constitución Nacional, Videla y la junta militar crearon un órgano específico para tal fin compuesto íntegramente por oficiales de las tres armas: la Comisión de Asesoramiento Legislativo (CAL).
Bajo ese régimen, los militares sancionaron más de 1.700 leyes nacionales y 18.000 decretos. Perduran 417 de ellos, que aún, nada más y nada menos, rigen la economía del país y la vida cotidiana de millones de personas, pero afectan sobre todo al pueblo trabajador.
