lunes 23 de mayo de 2022
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Cuando el ADN señala al inocente

En diciembre de 2012, teniendo en cuenta los resultados de las pruebas de ADN, un indigente llamado Lukis Anderson fue acusado del asesinato de Raveesh Kumra, un multimillonario de Silicon Valley. La acusación implicaba una posible sentencia de muerte. Pero Anderson no era culpable. Tenía una coartada sólida: ebrio y casi en coma etílico, había sido hospitalizado y estuvo bajo supervisión médica constante la noche del asesinato en noviembre. Más tarde, los abogados de Anderson supieron que su ADN había llegado a la escena del crimen por vía del equipo sanitario que atendió la llamada de Kumra en su domicilio. Habían tratado a Anderson previamente y, de forma inadvertida, esparcieron la muestra de ADN en la escena del crimen más de tres horas después. Este caso, que fue presentado en febrero en la reunión anual de la Academia Americana de Ciencias Forenses en Las Vegas, es uno de los ejemplos definitivos de cómo la transferencia del ADN puede involucrar a una persona inocente. Muchos opinan que basar el sistema criminal judicial en pruebas de ADN, a menudo consideradas infalibles, entraña riesgos importantes.

Mientras que casi todos los campos de la medicina forense han sido revisados de modo exhaustivo en los últimos años, sobre todo aquellos basados en comparaciones, como las marcas de mordedura o el análisis microscópico de pelo, las pruebas de ADN han experimentado un auge, y con razón. Al estar basado en modelos estadísticos, el análisis de ADN es más definitivo y menos subjetivo que otras técnicas forenses. Se examinan regiones específicas, o locus, del genoma humano y así se evalúa la probabilidad de que una determinada muestra de ADN coincida o no con el perfil genético conocido de la víctima, el sospechoso o el presunto autor del crimen. Se puede incluso predecir cuán fuerte es la coincidencia contrastando la frecuencia con que aparecen ciertos patrones con bases de datos poblacionales. La organización sin ánimo de lucro Innocence Project, con sede en Nueva York, lleva analizando las muestras de ADN usadas como pruebas condenatorias en procesos judiciales desde mediados de los años noventa. Ha logrado casi 200 exoneraciones y ha promovido la demanda para reformar el sistema judicial criminal.

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