Denuncian que se digitó el sorteo para la asignación de juez en el Caso Nisman

El centro de datos del Poder Judicial, más conocido como data center, es el lugar donde están los servidores informáticos de todos los tribunales nacionales y una base con el contenido de los expedientes judiciales (declaraciones, resoluciones, peritajes, presentaciones). Está ubicado en diagonal al Palacio de Justicia, en Lavalle 1240. El día que fue inaugurado en 2010, la Corte Suprema lo presentó como “un área de máxima seguridad, que albergará la más alta tecnología de almacenamiento y procesamientos de datos”. El 11 de abril del año pasado, uno de sus responsables más altos entró con un coequiper ingeniero a la sala de máquinas y anuló el sorteo informático que opera desde allí que le asignaba la causa sobre la muerte del fiscal Alberto Nisman al juez federal Sebastián Casanello. “Me lo pidió la secretaria de la Cámara Federal”, se justificó ante su jefe, según consta en una investigación interna. El argumento era que uno de los monitores del tribunal mostraba un cartel de falla y el sistema se “colgó”, lo que en teoría dificultaba terminar la asignación del caso a Casanello. El increíble episodio, en un tema de extrema sensibilidad, terminó en denuncias penales y administrativas que un sinfín de funcionarios judiciales se empeñaron en minimizar durante meses. Pero parece que 2017 empezó con nuevos bríos e informes reveladores en el Consejo de la Magistratura y en tribunales que llegan a una misma conclusión estremecedora: el sistema informático judicial es altamente vulnerable, cualquiera con cierto acceso puede hasta modificar una declaración o enterarse de una orden de allanamiento. Y con apenas una dosis más de sofisticación es posible elegir el juez deseado en cualquier fuero para determinado expediente.

El jueves último el Consejo de la Magistratura (organismo que elige a los jueces, sanciona y administra fondos) fue escenario de dos novedades ligadas al tema. El plenario decidió abrir, tras casi un año, un sumario contra el director general de tecnología, Gabriel Mehlman, el funcionario que anuló el sorteo que le daba el caso Nisman a Casanello, juez de poco agrado del Gobierno, y ejecutó otro que se lo asignó a Julián Ercolini, a quien el oficialismo considera funcional y a la vez es leal al presidente de la Corte, Ricardo Lorenzetti. El macrismo, además, forzó la renuncia del administrador general del Poder Judicial, Juan Carlos Cubría, abogado e ingeniero, hijo de la jueza María Servini de Cubría, superior directo de Mehlman en el Consejo. “¡No podés entrar a la base de datos y borrar el registro sin una orden escrita!”, lo reprendió Cubría cuando el tema salió a la luz, según consta en su testimonio que dio a los auditores del Consejo pero que todavía no ofreció en el expediente penal, a cargo del juez Claudio Bonadío, simplemente porque no fue citado. El macrismo y sus aliados políticos y judiciales forzaron la renuncia de Cubría, le dieron otro cargo para disimular, y pusieron su reemplazo a un hombre propio: el licenciado en administración de 28 años Agustín Cinto, antes funcionario del gobierno porteño. A Cubría le desconfiaban, porque había sido nombrado administrador por el kirchnerismo, y porque dejó que avance la pesquisa sobre la permeabilidad de los sistemas, y no avala cambios que se avecinan como la centralización del sistema electoral informático ni el traspaso de los tribunales nacionales a la ciudad de Buenos Aires, que necesitarán fondos.