Los planteos que hará el Gobierno ante la Corte Suprema por el fallo que esta emitió para que la Nación deje de descontarle a la Ciudad de Buenos Aires sus fondos coparticipables y le envíe el 2,95 por ciento de ese dinero son, según el criterio de los abogados constitucionalistas consultados, improcedentes y extemporáneos, pero no todos coincidieron en que formularlos implica desobedecer el fallo o que implica la comisión de un delito.
El abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez dijo que la presentación del Gobierno no implica la desobediencia del fallo. “El recurso de recusación o revocatoria in extremis anunciado por el Gobierno busca garantizar la doble instancia. Es un instrumento procesal, un recurso creado por jurisprudencia de la propia Corte; quien interpone un recurso no comete un delito ni desconoce un fallo. Ahora, una vez que la Corte resuelva estas condiciones, el fallo se debe cumplir. Pero la presentación del recurso o la recusación no implican ni un alzamiento ni un golpe”, diferenció.
Sobre el fallo firmado por la Corte, el constitucionalista opinó: “El fallo tiene como muy positivo que confirma el estatus constitucional que tiene la Ciudad de Buenos Aires y le garantiza su autonomía financiera”. No obstante, el abogado que participó de la la comisión asesora para la reforma de los Poder Judicial y del Ministerio Público Fiscal cuestionó el momento en el que la Corte emitió el fallo: “Hay una falla en el manejo de los tiempos para emitir el fallo, esto lo podría haber hecho a principio de febrero, hubiese tenido otro impacto, hubiese causado otro debate”, dijo.
