Un niño de cinco años fue asesinado a golpes. Algo tan escalofriante como eso ha servido para montar todo tipo de operaciones mediáticas y virtuales para hacer creer que el hecho de que las perpetradoras fueran lesbianas y hayan participado de marchas feministas es una constatación de que «la ideología de género» -una expresión que usan los fundamentalismos religiosos y conservadores- es lo que mata. Sin embargo, menos se habla de escuchar a niños, niñas y adolescentes, de fortalecer herramientas de autonomía, de proteger a las infancias y adolescencias de la idea de que hijos e hijas son una propiedad de padres y madres.
Un niño fue asesinado a golpes, tenía cinco años. Su sonrisa, sus ojos claros retratados en casi todos los medios de prensa, en sitios de internet, en redes sociales son una herida abierta en la que se escarba hasta la infección. Aunque él está irremediablemente muerto, esa exhibición es una impudicia. Las ejecutoras también son conocidas, una, Magdalena Espósito, la madre biológica, la otra, Abi Páez, su pareja conviviente; ni la defensa en juicio planteó dudas sobre sus acciones para causar el homicidio, se alegó, en cambio, sobre las intenciones de matar. Diferencias en la calificación jurídica del hecho, no sobre el hecho de que a Lucio lo golpearon hasta la muerte. Esa crueldad es un desgarro.
Debería haberse evitado, aun cuando sucedió entre las cuatro paredes de una casa y a manos de sus cuidadoras. El sistema de protección de niños, niñas y adolescentes -estipulado por la ley 26061, del año 2010- falló. En qué etapa se produjo esa falla y por cuáles razones tiene que investigarse, sancionarse si fuera el caso y reparar para que el sistema funcione. Porque acá de lo que se trata es hay niños y niñas que mueren a causa de la violencia que sobre elles ejercen quienes tienen que cuidarlos. Lucio, Milena, Zoe, Renzo; les tres últimos fueron asesinades mientras se juzga el crimen del primero.
