lunes 8 de agosto de 2022
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El derecho y la ley frente a las protestas en Cuba

La bienvenida en 2019 a una Constitución con derechos humanos, supremacía constitucional, Estado socialista de derecho, consagración del habeas corpus y reglas del debido proceso, podía hacer creer que la respuesta a situaciones como las que presentaron las protestas del 11 y 12 de julio de 2021 encontraría formas jurídicas diferentes. Sin embargo, la reacción del gobierno cubano no dio margen a la prudencia ni a la moderación. El derecho cubano, atado de forma asfixiante a directrices ideológicas y políticas concretas distintas a las que la Constitución y la ética informan, no pudo resolver —ni científica ni técnicamente— los dilemas jurídicos derivados de aquellos días.

Todos los ordenamientos jurídicos nacionales, del país que sean, han sido producidos por un aparato de poder estatal y tienen lastres políticos e ideológicos. El derecho no se declara, entonces, independiente de una maquinaria política. Pero su legitimidad depende, sin excepciones, de que él mismo produzca los límites de la intervención del Estado y de los gobiernos que se sucedan, tanto en el desempeño de la legalidad como en la administración de justicia. El derecho cubano es, por ende, el del Estado socialista; al menos el del Estado que emergió de la Constitución de 2019: un derecho de la reforma liberal de la economía cubana, jamás completada, y de la reforma de la democracia, jamás comenzada.

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