Hace poco más de una semana, el gabinete de ministros de Dina Boluarte, presidido por Alberto Otárola, obtuvo el voto de confianza del Congreso con el apoyo de las bancadas que hasta hace poco pertenecían al sector más radical de la oposición al gobierno de Pedro Castillo y que, durante los casi 18 meses en los que este se encontró en el poder, ensayaron diferentes medidas para apartarlo del cargo. Al mismo tiempo, Rafael López Aliaga, el flamante alcalde de extrema derecha de Lima, manifestó su apoyo al gobierno que surgió de la destitución y detención de Castillo tras su intento de cerrar el Congreso en diciembre pasado.
A su vez, los votos en contra del nuevo gabinete fueron de las bancadas de izquierda que meses atrás fueron aliadas del gobierno de Castillo. Entretanto, sobre todo en el sur del país -un bastión de los políticos antiestablishment, donde Castillo contaba con su más amplia aprobación-, comenzaban a crecer las manifestaciones reclamando elecciones anticipadas.
El escenario político peruano se reconfiguró: se rompió el precario equilibrio entre el gobierno de Castillo y el Congreso, enfrentados entre sí y con baja aprobación ciudadana, con el Congreso incluso más abajo que el propio presidente. Lo reemplazó una atmósfera en la que muchos perciben que son elites -y un Congreso con menos de 10% de apoyo- las que han vencido y eso explica el crecimiento de las protestas en estas últimas semanas, que ya han llegado a la capital peruana.
