José Martín Santos, Pepe, un periodista condenado a tres años de cárcel por estafa, y tres informáticos alicantinos son las personas que tienen en su poder imágenes, vídeos y documentos personales del presunto espionaje a Julian Assange, el ciberactivista refugiado durante siete años en la Embajada de Ecuador en Londres entregado el pasado 16 de abril a la policía británica. La Policía investiga si una supuesta agencia de comunicación española está detrás de la extorsión al activista australiano, de 47 años, al que le piden tres millones para no difundir sus imágenes.
Agentes españoles de la sección de Secuestros y Extorsiones vigilan a José Martín Santos y a tres de sus colaboradores después de que ofrecieran el material grabado durante los últimos dos años de estancia en la legación diplomática del fundador de WikiLeaks, según fuentes cercanas a la investigación.
Assange acaba de presentar una querella contra los presuntos extorsionadores en la Audiencia Nacional, así como contra personal de la Embajada de Ecuador en Londres y miembros de la compañía de seguridad ecuatoriana Promsecurity que hubieran podido participar en los hechos. Les acusa de un largo rosario delitos: organización criminal, extorsión en territorio español, delito contra la intimidad, el honor y contra el secreto de las comunicaciones abogado-cliente. Esta empresa de seguridad sustituyó a la española Undercover Global S.L cuando en 2017 Lenín Moreno accedió a la presidencia de Ecuador y Assange perdió el favor de este Gobierno, según afirman sus abogados.
