En su último informe enviado a la Cámara de Diputados, el jefe de Gabinete, Marcos Peña, confirmó que el gobierno le alquiló a fines del año pasado a la empresa europea SES el satélite Astra-1H, que ya superó su vida útil, sólo para ubicarlo en la posición orbital 81º Oeste en banda Ka durante tres meses y evitar así que la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) le quite los derechos de uso sobre ese espacio. La operación, revelada por PáginaI12 el 11 de febrero , le costó al Estado Nacional 7 millones de euros, desembolso que podría haberse evitado si el gobierno de Mauricio Macri no hubiera suspendido la construcción del Arsat-3 que debía haber comenzado a operar en esa banda a partir de este año. Peña reconoció además que la contratación se llevó delante de manera directa, sin tomar en cuenta otras ofertas, lo que pone en duda la transparencia de la operación.
En el informe de gestión Nº 120 , disponible en la web de la Cámara de Diputados, el jefe de Gabinete detalla que Arsat tiene en servicio tres redes satelitales: 1) Nahuel-C en la posición de 72° Oeste en las bandas Ku y Ku extendida; 2) PP-SAT-1 en la posición de 81° Oeste en las bandas C, Ku y Ku extendida y 3) Arsat-D en la posición de 81° Oeste en banda Ka. En la primera red opera Arsat-1, en la segunda Arsat-2 y en la tercera red, que tenía como fecha límite para su puesta en servicio el 12 de septiembre de 2019, debería funcionar el Arsat-3, pero como el gobierno ni siquiera empezó a construirlo esa posición estaba en riesgo. A raíz de ello, se alquiló el satélite Astra-1H y la red fue puesta en servicio entre el 29 de septiembre de 2018 y el 10 de enero de 2019, “permitiendo así conservar los derechos de la posición orbital frente a la Unión Internacional de Telecomunicaciones”, detalla el informe.
