Más de 58 mil personas entre los que se encuentran periodistas, políticos, empresarios, artistas y deportistas figuraban con nombre y apellido en una lista que era controlada por la Dirección de Migraciones. Estos datos eran seguidos de un comentario que, en caso de ingreso o egreso del país, se debía dar aviso a determinada persona. Esa persona era un funcionario de la Dirección Nacional de Migraciones, un empleado de la Agencia Federal de Inteligencia o de la Dirección de Inteligencia Criminal que dependía de la entonces ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. Este sistema de alertas no contaba con ningún requerimiento judicial, por lo que su detección por parte del Gobierno de Alberto Fernández derivó en otra denuncia de espionaje ilegal que afronta la gestión de Mauricio Macri.
Los cruces entre funcionarios del Gobierno de Cambiemos y la actual gestión del Frente de todos recién comienzan y las diferencias que ayer se plantearon por la derogación de un decreto migratorio firmado por el ex presidente son sólo una muestra de la campaña que se viene. En pleno año electoral, ya se observa que las batallas no solo se darán en la arena pública, sino que también se trasladarán también a la justicia.
“Este seguimiento ilegal no contaba con autorización judicial ni requerimiento formal alguno. Se apoyaba en el sistema Halcón, creado para tramitar los requerimientos judiciales. Sirviéndose de este dispositivo, montaron otro paralelo e ilegal para realizar un espionaje con fines ajenos al interés público o de Seguridad”, detallaron desde la Dirección de Migraciones a cargo de Florencia Carignano sobre la denuncia que involucra al organismo que durante el gobierno anterior estuvo a cargo de Rogelio Frigerio.
