Lo primero que hay que decir es que no hubo Golpe de Estado. Ni ruptura violenta de la institucionalidad. La democracia brasileña no corre (ese) peligro. Ni un golpe a la antigua, con tanques en las calles (como en Brasil en 1964, en Argentina en 1966, en Chile en 1973). Ni una renuncia presidencial arrancada bajo la amenaza del uso de una fuerza irreprimible (como en Argentina en 1962, en Bolivia en 2019). Lo segundo que conviene añadir es que la gravedad del peligro no se mide según esa escala. El golpismo brasileño actual no busca el derrocamiento directo del presidente electo Luiz Inácio Lula de Silva. Pero la sola invocación del Golpe como vía legítima para que el pueblo bolsonarista recupere el poder que le fue ‘birlado’ por las élites ‘anti-pueblo´ del PT es instrumento eficaz para rehusar toda legitimidad al mandato electoral del presidente electo Luiz Inácio Lula da Silva. Los acontecimientos del domingo 8 de enero lo demuestran.
El presidente Bolsonaro había decidido no participar de la transición luego de haber sido derrotado en las elecciones del 30 de octubre por Lula, líder del Partido de los Trabajadores (PT) que asumió el 1° de enero su tercer mandato tras haber gobernado dos gestiones entre 2003 y 2010. El vicepresidente Hamilton Mourão había dicho que Bolsonaro estaba “algo triste” por haber fracasado en su intento de reelección. El vicepresidente electo Geraldo Alckmin comandó el equipo de transición que sesiona en Brasilia, en la sede del Centro Cultural Banco do Brasil.
Con la asunción de Lula, cambió el presidente en Brasilia. Uno de derecha por uno de izquierda. En Brasll, en el territorio, el giro fue a la derecha. Incluido el DF de Brasilia, donde el presidente Lula decretó la intervención federal de la seguridad el domingo.
