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domingo 27 de septiembre de 2020
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El gran tema ausente de la campaña electoral

Decía bien el reconocido politólogo norteamericano Robert Dahl que el gobierno de un Estado que no cumple con el criterio de una ciudadanía plena no puede ser considerado realmente democrático. Según este criterio, «a ningún adulto que resida permanentemente en el país y esté sujeto a sus leyes le pueden ser negados los derechos de que disfrutan otros». Esto es, no basta con que haya elecciones periódicas para que exista una democracia. Y según opinaría años después el sociólogo alemán Ralf Dahrendorf, alcanza con que un 5% de la población en edad de votar no esté compuesto por ciudadanos plenos para dudar de la validez de los valores democráticos que se proclaman.

¿Cómo se define más específicamente una ciudadanía plena? A partir de un conjunto de derechos que forman un sistema, esto es, que tienen claras relaciones de implicación mutua, de modo que un régimen puede no ser democrático no sólo por la ausencia de uno o más de ellos, sino también cuando su desarrollo conjunto es notoriamente desigual. ¿Cuáles son tales derechos? Se trata, básicamente, de los establecidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 (que es parte de nuestra Constitución). Comprenden desde los derechos a trabajar, a la educación, a la alimentación y a una vivienda digna hasta los de disponer de cuidados médicos y del dinero suficiente para vivir. En términos más generales, se trata de los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales de la ciudadanía.

Nuestro país está hoy lejos de satisfacer el criterio de Dahl. Para aventurar una estimación meramente indicativa, puede conjeturarse que, desde hace un par de décadas, no más de la mitad del electorado goza de una ciudadanía plena. El punto resulta crucial porque tanto o más importante que las preferencias políticas de la ciudadanía es siempre el modo en el que se generaron estas preferencias. No es lo mismo votar después de haberse informado, de contar con el tiempo y los diversos recursos necesarios para ponderar los argumentos de las distintas alternativas en juego, que hacerlo guiado por las creencias de un sentido común muy elemental o, peor aún, acatando las instrucciones de un puntero o acosado por la amenaza real o inventada de perder un subsidio. Estoy hablando de las precondiciones sociales de la libertad, las cuales nos remiten, a su vez, al gran tema de la igualdad. O, puesto en términos más clásicos, nuestra libertad debe ser una libertad igual para todos y nuestra igualdad, una igualdad libre.

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