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lunes 26 de julio de 2021
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El putsch de los amarretes y la venganza de los gastadores

La erupción de la interna que divide subterráneamente al Gobierno desde hace tres semanas, cuando el INDEC confirmó que la inflación de marzo tocó su récord desde la corrida post-PASO de 2019, todavía es objeto de reproches mutuos. Quién precipitó el papelón del viernes, por qué y con el aval de quién son preguntas cuya respuesta todavía difiere mucho según el despacho donde se hagan. Hay dos hechos, sin embargo, que confirman todos y todas: que Martín Guzmán no volverá a tener en sus manos el timón del plan económico y que la ruta que el ministro había imaginado para lo que resta de 2021 se alterará sensiblemente, incluso aunque él permanezca en el cargo hasta las elecciones.

Antes del intento fallido del jefe del Palacio de Hacienda de echar al subsecretario de Energía Eléctrica, la tensión entre quienes propugnan una asistencia estatal más masiva frente a la ferocidad de la segunda ola de COVID-19 y y quienes apuestan en cambio a la austeridad para pactar con el Fondo Monetario una refinanciación que insufle confianza a mediano plazo era cada vez más notoria. La disputa entre “amarretes” y “gastadores”, como se presentó esquemáticamente la semana pasada en esta columna, buscaba desde hacía tiempo la franja de tierra más fina para emerger. La pelea por las tarifas fue apenas eso: una excusa. La cuestión de fondo es si el fisco pisará el acelerador o el freno este año electoral, que amenaza con convertirse en el cuarto consecutivo de ajuste del poder adquisitivo de los ingresos populares. Si se impondrán la audacia o el cálculo, diría Beatriz Sarlo.

Basta ver las cuentas que sacó Emmanuel Álvarez Agis, exviceministro de Axel Kicillof (aunque hoy sin diálogo con el gobernador) y principal promotor del plan Guzmán entre banqueros y empresarios. Con un aumento de tarifas del 18% como el que terminó por proponer el ministro para 2021, tras haber proyectado originalmente el doble, y suponiendo paritarias del 30% este año, la factura promedio de electricidad iba a pasar de representar un 1,5% del salario promedio privado formal a un 1,36%. Con una recomposición tarifaria del 9% como la que terminó por imponer Federico Basualdo, la proporción va a bajar a 1,17%. Apenas unas décimas de diferencia. El ahorro en los subsidios tampoco movía el amperímetro fiscal lo suficiente como para justificar una crisis política de esta magnitud: como mucho, el 0,1% del PBI.

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