jueves 13 de diciembre

España: ¿El triunfo de la justicia?

El señor Artur Mas fue, durante años, jefe indiscutido del nacionalismo catalán. Presidente de la Generalidad, debió renunciar en 2016 para que la izquierda catalanista aceptara pactar con su partido. Hace un mes, cuando el juez Pablo Llarena, del Tribunal Supremo, lo interrogó sobre el proceso por la independencia catalana, Mas dijo que no se lo tomaran tan en serio, que la declaración de independencia no había sido para tanto: “En el mundo de la política hay un componente simbólico y estético. Muchas veces un argumento se exagera o se infla para quedar bien posicionado ante la opinión pública”, dijo. A veces parece como si los dirigentes catalanistas creyeran que pueden hacer las cosas como si.

En esa línea, se podría suponer que su sucesor, Carles Puigdemont, también subestimó la respuesta del Estado español. El expresidente, huido a Bélgica, no debe haber pensado que un exilio es una cosa seria, y el jueves pasado se fue a dar un par de charlas a Helsinki. Las leyes de Bélgica lo protegían de la extradición; las del resto de Europa no, pero no imaginó que España reactivaría su orden de captura.


Lo hizo el viernes pasado el juez Llarena, un señor de 55 años con una carrera brillante y unas opiniones oscuras. Horas antes había acusado de rebelión a trece líderes independentistas y había metido presos a cinco de ellos. El delito de rebelión se pena con treinta años de cárcel; para justificar su aplicación, el juez comparó la conducta de los políticos catalanes cuando “impulsaron a una masa ciudadana” a votar en el referéndum del 1 de octubre con la del teniente coronel Antonio Tejero que, el 23 de febrero de 1981, invadió con tropas el Congreso de los Diputados para encabezar un golpe de Estado.

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