lunes 20 de agosto

Excesos y tentaciones detrás del tarifazo y la nueva obra pública privatizada

Talentoso como ningún otro empresario a la hora de seducir inversores extranjeros y embarcarlos en proyectos locales a través de su frondosa red de compañías offshore, Marcos Marcelo Mindlin es uno de los que hará punta desde el martes con las Participaciones Público-privadas (PPP), la nueva alquimia a la que apuesta el Gobierno para llegar a las elecciones del año que viene con la obra pública a toda velocidad y sin gastar un peso del Tesoro. El dueño del mayor conglomerado energético del país, cuyo patrimonio se disparó al calor del tarifazo que concentró esta semana las críticas de opositores y oficialistas, moverá para eso la última pieza que sumó a su tablero: la constructora SACDE. Es el nuevo nombre que él y sus socios le pusieron a IECSA, la histórica constructora de Franco Macri que condujo en los papeles Ángelo Calcaterra desde que su primo Mauricio se lanzó a la política, para cuidar las apariencias.

Mindlin tiene algo de lo que carecen sus competidores de la vieja Cámara de la Construcción: contactos fluidos y buena reputación en Wall Street. Eso le da una ventaja difícil de descontar a la hora de quedarse con contratos donde el dinero lo adelanta el contratista y el riesgo ante los prestamistas lo asume el Estado, aunque sin que se compute como deuda externa. El mecanismo es complejo pero funciona parecido al de los ferrocarriles construidos por compañías inglesas a principios de siglo XX: el privado adelanta los fondos para una obra y se asegura el repago a varios años con la garantía de la propia obra. Si es un tren, lo opera directamente o retiene los pasajes como garantía de cobro. Si es una ruta, cobra el peaje o se asegura que se lo giren. Si no tiene flujo de caja propio o ese flujo no alcanza, el Estado le garantiza el recupero emitiendo pagarés a su nombre.


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