La batalla que parece haberse desatado en las últimas 48 horas en redes sociales respecto del sistema científico tecnológico argentino, y que luego saltó a algunos medios de comunicación nacional, es apenas una muestra de lo que serán los meses que nos separan hasta las elecciones de octubre. Una batalla que tiene más de provocación, noticias falsas, adjetivos calificativos desbordados y paranoia, que de propuestas y análisis de situación.
Si hay algo que ha caracterizado al Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, CONICET, han sido las garantías establecidas específicamente en cuanto a libertad de conciencia y de expresión. Una libertad que figura en el mismo Estatuto de las carreras del Investigador Científico y Tecnológico y del Personal de Apoyo a la Investigación y Desarrollo, Ley Nro. 20.464, sancionada el 25 de mayo de 1973.
El artículo 18 de dicha ley señala expresamente, entre otros aspectos: “Son derechos del personal perteneciente a este régimen: la estabilidad, condicionada exclusivamente a la realización de sus tareas y al cumplimiento de las obligaciones que le impone el presente Estatuto”. Como complemento, la ley establece en su artículo 27 como derechos universales reconocidos a los científicos y técnicos los de “desarrollar sus investigaciones en el clima de libertad académica creativa” y “la plena autonomía en el ejercicio de su disciplina, sometida tan sólo a las exigencias propias de los niveles de experiencia que hubieran alcanzado”.
