Falso garantismo

La ley 24.390, conocida como “del dos por uno”, se sancionó en 1994 y se derogó en 2001. Implicaba que cuando una persona estuviera presa más de dos años sin condena se le computaría doble cada día de prisión preventiva. Tanto su aplicación como el desistimiento de hacerlo fueron parches a la problemática de la seguridad. Pero mientras esa ley estaba vigente, el represor Luis Muiña, un civil que formaba parte de la patota que operó en el centro clandestino que funcionó en el Hospital Posadas, beneficiado con el fallo que firmó ayer la Corte Suprema, no estaba detenido. Ni podía estarlo. Ni él ni ningún otro torturador o secuestrador de la última dictadura. Porque en ese momento estaban vigentes las leyes de Punto Final y Obediencia Debida.

Los jueces de la Corte Suprema Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Elena Highton resolvieron ayer que a Muiña le corresponde el beneficio del 2×1 (lo que acortaría sensiblemente su condena) porque debe aplicarse la ley penal más benigna y, como el delito de desaparición que comenzó en 1976 es permanente, también se cometió entre 1994 y 2001, cuando estaba vigente la ley 24.390. Ricardo Lorenzetti y Juan Carlos Maqueda señalaron que no se debe seguir ese criterio en delitos permanentes, sino que debe aplicarse la norma correspondiente al último tramo del hecho. Además, recordaron que los crímenes de lesa humanidad son imprescriptibles y no se pueden amnistiar, lo que implica que las condenas tampoco se pueden reducir, porque eso implicaría una suerte de conmutación de la pena.