lunes 5 de junio de 2023
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Francia: Una reforma de las pensiones carente de legitimidad

Si nos atenemos al texto de la Constitución, la decisión del gobierno de recurrir a su artículo 49.3 es perfectamente legal. En el espíritu de los constituyentes de 1958, formaba parte de los instrumentos que permitían al ejecutivo mantener la coherencia de su política a largo plazo. Por lo tanto, era la consecuencia directa de una convicción: en el equilibrio de poderes, el gobierno debía prevalecer sobre el Parlamento. Esta era, se explicaba entonces, la condición necesaria para la solidez de las instituciones democráticas. Su estabilidad se basaba así en dos pilares: la preponderancia del Presidente -es “la piedra angular de las instituciones”, afirmó el principal inspirador de la redacción constitucional, Michel Debré- y el principio mayoritario de la votación uninominal a dos vueltas. Una mayoría sólida en la Asamblea y poderes presidenciales consolidados: así se debía acabar con la imagen de inestabilidad inherente a las instituciones de la Tercera y Cuarta República.

El sistema funcionó durante mucho tiempo. De 1962 a 1986, el Presidente de la República pudo confiar en una mayoría absoluta en la Asamblea, a costa de algunos compromisos, fricciones e incluso algunas disoluciones (1962, 1968, 1981). Año tras año, la mayoría presidencial y la mayoría legislativa se superponían, en beneficio, sobre todo, del ejecutivo.

Todo cambió en 1986, con la elección de una mayoría de derecha, menos de cinco años después de la llegada al Elíseo de François Mitterrand. Fue el momento de las “alternancias”, a favor de la derecha (1986, 1993), luego de la izquierda (1997): las mayorías presidenciales y legislativas acostumbraron a disociarse. La ambigüedad y las tensiones que resultaron de este desequilibrio dejaron un sabor amargo en el escenario político y en amplios sectores de la opinión. En el otoño de 2000, el gobierno de Lionel Jospin decidió modificar la Constitución: los mandatos presidenciales y legislativos se fijaron en cinco años y se estableció que las elecciones legislativas serían inmediatamente después de las presidenciales, la más estructurante para el sistema político. Teóricamente, se suponía que el nuevo dispositivo permitiría al ejecutivo tener una mayoría sólida durante cinco años. Sin contar las crisis políticas.

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