Las prácticas de corrupción en el periodismo no son objeto de indagación por parte de los medios de comunicación que, sin embargo, no cejan de exigir transparencia a algunos partidos y líderes políticos, a ciertos magistrados del poder judicial, a varios sindicalistas y, más recientemente, a una parte del empresariado. ¿Es posible sostener campañas públicas contra la desinformación que invocan la responsabilidad editorial por parte de empresas periodísticas que no revisan sus procedimientos y conductas?
El año pasado, Hugo Alconada Mon, periodista laureado por sus investigaciones, publicó La raíz de todos los males, un libro que fue éxito de ventas, en el que recorre todos los ámbitos y poderes del país cimentados sobre un entramado de corrupción, desde el ámbito judicial hasta el financiamiento de la política. Dedicó un capítulo entero al periodismo, concebido como una de las aristas del problema, y describió una historia de acusaciones cruzadas, pagos en negro de empresarios y funcionarios por silencios o promociones de dudoso valor noticioso. Mientras difundía su libro, repitió, sin dar nombres de colegas, que Macri pagó más de 40 mil dólares por una entrevista y, también, que la compra de periodistas es el segundo ítem más caro de una campaña electoral.
La denuncia, vertida en unos de los libros más vendidos de 2018, no generó repercusiones en los nombres pesados de los medios de comunicación, más que alguna especulación e indignaciones que se perdieron en discusiones en redes sociales digitales.
