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jueves 29 de octubre de 2020
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Guernica, el cuarto cordón y la impotencia estatal

Si no hay una salida negociada, el costo puede ser enorme. El desalojo de 2500 familias que Axel Kicillof se propone ejecutar en el predio de 100 hectáreas de Guernica es una prueba de fuego, de resultados impredecibles en medio de la peor crisis. El gobernador quiere impedir que la ocupación se consolide como ejemplo y se imponga como señal de descontrol en la inmensidad del conurbano bonaerense. Pero se enfrenta a un ejército de necesitados que acumula dos meses de supervivencia a la intemperie y sabe que, fuera de la toma, resignará toda su capacidad de discutir una solución para su problema, el de la vivienda. Nadie puede prever qué tipo de resistencia encontrará un desalojo compulsivo y cómo responderá la Policía Bonaerense en caso de un choque de fuerzas.

Kicillof actúa forzado por la Justicia, los intendentes del Frente de Todos y la presión de los medios que nacionalizan el conflicto con lógica policial. Que el Estado municipal y provincial no haya previsto la ocupación y haya llegado tarde para impedirla muestra tanto la escasez de reflejos del gobierno como la profundidad de la crisis que expulsa hacia los márgenes a una porción creciente de las mujeres, hombres y niños que habitan el Gran Buenos Aires. Las cifras de desocupación, pobreza y desigualdad en ascenso no pueden, de ningún modo, desligarse del cuadro que proyecta Guernica y la costumbre de ubicar a los desesperados en la esfera del delito es tan peligrosa como esteril.

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